Podemos y CGT abordan la complicada situación del empleo en Salamanca

Podemos y CGT abordan la complicada situación del empleo en Salamanca

Isabel Muñoz, procuradora en las Cortes de Castilla y León, solicitará importantes mejoras en la Inspección de Trabajo.

Isabel Muñoz, procuradora de Podemos en las Cortes de Castilla y León, se ha reunido con la secretaria povincial del sindicato CGT en Salamanca, Ana Arnaiz, y con su responsable de comunicación, Pablo Lobato.

Los representantes del sindicato han transmitido una visión global de la situación del empleo en nuestra ciudad y provincia, poniendo especial preocupación en la falta de independencia y recursos -tanto humanos como técnicos- con los que en la actualidad cuenta la Inspección de Trabajo. Lo que, sin duda, ocasiona que las actas de infracciones no se hagan o se paralicen o que los Juzgados de lo Social estén saturados. En este sentido aseguran, desde su experiencia, que si la Inspección de Trabajo funcionara bien, se cerrarían muchos casos sin necesidad de acudir a los tribunales.

Desde el sindicato CGT observan también que las organizaciones sindicales han abandonado la acción social: hay menos predisposición al diálogo y a la negociación y mucha más a la judicialización. Es habitual que a los actos de conciliación los representantes de las empresas ni siquiera se presenten y sean los secretarios del Juzgado, cuando no los propios jueces, los que en el mismo día del juicio inviten a las partes a que haya un acuerdo.

La CGT también ha constatado las consecuencias de la última reforma laboral puesto que ha empeorado la situación de los trabajadores hasta condiciones inaceptables. Un caso conocido es el de la empresa de telecomunicaciones Qualytel, donde los trabajadores realizan sus funciones bajo una enorme presión.

"La situación general de Salamanca no sólo es precaria en la contratación y la calidad del empleo, también lo es en el cumplimiento de planes, como el de Igualdad. Por todo ello, desde CGT piden que las Administraciones Públicas se involucren en las empresas implantadas en su territorio, porque la degradación de los trabajadores termina por repercutir en el trabajo y en la viabilidad de la empresa". La procuradora salmantina ha tomado nota de las preocupaciones del sindicato CGT y de sus propuestas para mejorar la situación y los derechos de los trabajadores de Salamanca, indica Podemos en un comunicado.

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Podemos solicita en las Cortes de Castilla y León mejoras en la Inspección de Trabajo

Podemos solicita en las Cortes de Castilla y León mejoras en la Inspección de Trabajo

La procuradora Isabel Muñoz se ha reunido con el sindicato CGT para recoger sus propuestas para mejorar la situación y los derechos de los trabajadores de Salamanca. También consideran que las organizaciones sindicales han abandonado la acción social, pues hay menos predisposición al diálogo y a la negociación y mucha más a la judicialización

La procuradora salmantina de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Isabel Muñoz, se ha entrevistado en las últimas horas con la secretaria provincial de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Salamanca, Ana Arnaiz, y con su responsable de comunicación, Pablo Lobato. así, ha recogido sus propuestas para mejorar la situación y los derechos de los trabajadores de Salamanca.

Los representantes del sindicato han transmitido una visión global de la situación del empleo en la ciudad y provincia, poniendo especial preocupación en la falta de independencia y recursos, tanto humanos como técnicos, con los que en la actualidad cuenta la Inspección de Trabajo. Lo que, sin duda, ocasiona que las actas de infracciones no se hagan o se paralicen o que los Juzgados de lo Social estén saturados. En este sentido, aseguran, desde su experiencia, que si la Inspección de Trabajo funcionara bien, se cerrarían muchos casos sin necesidad de acudir a los tribunales.

Desde el sindicato CGT observan también que las organizaciones sindicales han abandonado la acción social, pues hay menos predisposición al diálogo y a la negociación y mucha más a la judicialización. "Es habitual que a los actos de conciliación los representantes de las empresas ni siquiera se presenten y sean los secretarios del Juzgado, cuando no los propios jueces, los que en el mismo día del juicio inviten a las partes a que haya un acuerdo", añade Isabel Muñoz.

La Confederación General del Trabajo también ha constatado las consecuencias de la última reforma laboral puesto que ha empeorado la situación de los trabajadores hasta condiciones inaceptables. "Un caso conocido es el de la empresa de telecomunicaciones Qualytel, donde los trabajadores realizan sus funciones bajo una enorme presión: llamadas auditadas, tiempo límite para el trato con los clientes, obligación de intentar venderle algún servicio extra, etc. Las contrataciones se hacen a través de ETT (empresas de trabajo temporal) y las condiciones medioambientales no son contempladas", añade la procuradora de Podemos.

Y concluye: "La situación general de Salamanca no sólo es precaria en la contratación y la calidad del empleo, también lo es en el cumplimiento de planes, como el de Igualdad". Por todo ello, desde CGT piden que las Administraciones Públicas se involucren en las empresas implantadas en su territorio, porque la degradación de los trabajadores termina por repercutir en el trabajo y en la viabilidad de la empresa.

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Podemos y CGT abordan la difícil situación del empleo en Salamanca

Podemos y CGT abordan la difícil situación del empleo en Salamanca

Isabel Muñoz, procuradora en las Cortes de Castilla y León, solicitará importantes mejoras en la Inspección de Trabajo.

Isabel Muñoz, procuradora de Podemos en las Cortes de Castilla y León, se ha entrevistado en las últimas horas con la Secretaria Provincial del sindicato CGT en Salamanca, Ana Arnaiz, y con su responsable de comunicación, Pablo Lobato.

Los representantes del sindicato han transmitido una visión global de la situación del empleo en nuestra ciudad y provincia, poniendo especial preocupación en la falta de independencia y recursos -tanto humanos como técnicos- con los que en la actualidad cuenta la Inspección de Trabajo. Lo que, sin duda, ocasiona que las actas de infracciones no se hagan o se paralicen o que los Juzgados de lo Social estén saturados. En este sentido aseguran, desde su experiencia, que si la Inspección de Trabajo funcionara bien, se cerrarían muchos casos sin necesidad de acudir a los tribunales.

Desde el sindicato CGT observan también que las organizaciones sindicales han abandonado la acción social: hay menos predisposición al diálogo y a la negociación y mucha más a la judicialización. Es habitual que a los actos de conciliación los representantes de las empresas ni siquiera se presenten y sean los secretarios del Juzgado, cuando no los propios jueces, los que en el mismo día del juicio inviten a las partes a que haya un acuerdo.

La Confederación General del Trabajo también ha constatado las consecuencias de la última reforma laboral puesto que ha empeorado la situación de los trabajadores hasta condiciones inaceptables. Un caso conocido es el de la empresa de telecomunicaciones Qualytel, donde los trabajadores realizan sus funciones bajo una enorme presión: llamadas auditadas, tiempo límite para el trato con los clientes, obligación de intentar venderle algún servicio extra, etc. Las contrataciones se hacen a través de ETT (empresas de trabajo temporal) y las condiciones medioambientales no son contempladas.

La situación general de Salamanca no sólo es precaria en la contratación y la calidad del empleo, también lo es en el cumplimiento de planes, como el de Igualdad. Por todo ello, desde CGT piden que las Administraciones Públicas se involucren en las empresas implantadas en su territorio, porque la degradación de los trabajadores termina por repercutir en el trabajo y en la viabilidad de la empresa.

La procuradora salmantina ha tomado nota de las preocupaciones del sindicato CGT y de sus propuestas para mejorar la situación y los derechos de los trabajadores de Salamanca.

Ya es Viernes...!!!

Realidad económica española

Realidad económica española

El Consejo de Europa constata que el salario mínimo español no garantiza una vida digna

El Consejo de Europa constata que el salario mínimo español no garantiza una vida digna

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, después de la subida de 3,30 euros aprobada el pasado 23 de diciembre, es de 648,6 euros brutos al mes. Como ya sabían muchos españoles, esa cantidad "no garantiza un nivel de vida digno", según ha denunciado el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que ha evaluado el cumplimiento de la Carta Social Europea y de su protocolo adicional.

En su análisis sobre España, el Comité concluye que la situación no está conforme con lo recogido en el artículo 4 de la Carta de 1961, que dice: "Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso". "El salario mínimo de los trabajadores del sector privado no garantiza un nivel de vida digno", algo que también es aplicable para "la plantilla contratada en la función pública", dice el informe.

El análisis sostiene también que en España la jornada laboral puede exceder las 60 horas semanales en algunas categorías de trabajadores y denuncia que no se hayan establecido medidas compensatorias para todos los trabajadores expuestos al tratamiento de residuos de riesgo.

Asimismo, el Comité del Consejo de Europa concluye que el Estatuto de los Trabajadores no garantiza en España un incremento de la remuneración o del tiempo de libranza por las horas extras.

Por otra parte, las conclusiones del informe sostienen que la situación en España no es conforme a lo contemplado en el artículo 4.4 de la Carta de 1961 al considerar que el preaviso exigido en los contratos de trabajadores indefinidos y temporales "no es razonable" en distintos casos, incluyendo el despido cuando un contrato expira o sus objetivos han sido alcanzados, así como tampoco en la terminación de contratos por la muerte o retiro de un empleador que es una persona física o por la liquidación de un empleador que es una persona jurídica.

No discriminación salarial por género

Por contra, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa considera que en España se cumple con el principio de "no discriminación entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración".

En este sentido, el informe destaca que el Estatuto de los Trabajadores considera nula y sin efecto cualquier disposición o acuerdo si dan lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta en la remuneración por razón de sexo. Asimismo, señala que el Estatuto establece que el empleador está obligado a pagar la misma remuneración por un trabajo de igual valor.

La Carta Social Europea es un tratado del Consejo de Europa que garantiza derechos sociales y económicos como vivienda, salud, educación, empleo, protección social y jurídica, el movimiento de personas y la no discriminación.

Este texto fue aprobado en 1961 y revisado en 1996. La Carta Social Europea revisada, que actualizó el tratado original e incluyó nuevos derechos como el derecho a la vivienda, entró en vigor en 1999 y está sustituyendo gradualmente el tratado de 1961. España sólo ha ratificado el primer tratado. Firmó la carta revisada en 23 de octubre de 2010, pero no la ha ratificado aún.

 

El Huffington Post

Cartelera

Las trabajadoras y trabajadores de Extel van a la huelga

Las trabajadoras y trabajadores de 

Extel van a la huelga

Este jueves, las trabajadoras y los trabajadores de Extel Coruña, subcontrata de Movistar, han convocado una nueva jornada de protesta, con un paro parcial de 6 horas (de 12:00 a 18:00 horas) y una concentración (a partir de las 12:15 horas) que ha tenido lugar delante del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de A Coruña, coincidiendo con los actos de conciliación de 8 trabajadoras de la empresa, previos a las demandas ante el juzgado de lo social, por sanciones que llegan hasta los 47 días de suspensión de empleo y sueldo, por no ofertar productos de Movistar en el Centro de Atención al Cliente (1004) que se presta desde el centro que la empresa tiene en la ciudad.

La empresa Extel, del grupo Adecco, está sancionando a las trabajadoras despro-porcionadamente por no intentar vender a clientes que llaman al 1004 con reclamaciones por averías o facturas, en muchos casos enfadados.

Para la CGT, convocante de estas movilizaciones, estas prácticas que está llevando a cabo la dirección de la empresa, se encuadran dentro de la política de acoso y miedo llevadas a cabo y que están consiguiendo precarizar aún más las condiciones laborales del sector de telemarketing, consiguiendo que una gran parte de la plantilla sufra cuadros de ansiedad y estrés, lo que ocasiona que una gran parte de las trabajadoras y trabajadores estén de baja.

Éxito de los escraches contra Vodafone por su subcontrata Marktel

Éxito de los escraches contra Vodafone por su subcontrata Marktel

Los dueños de Vodafone subcontratan buena parte de sus servicios con empresas pirata como es el caso de Marktel.

Como sabéis esta empresa maltrata los derechos de sus trabajadores/as, aplicándoles condiciones de trabajo muy inferiores a las de otras empresas del sector, incluso en el ámbito de las subcontratas.

Marktel es una empresa que practica la persecución sindical, (hay sentencias que la atestiguan) tratando de frenar la acción de CGT por todas las vías que tienen a su alcance, ya que sólo entienden que es posible desarrollar su negocio al margen del cumplimiento de las más básicas normas en cuanto a las relaciones laborales.

Vodafone es la principal empresa que contrata a Marktel en todo el estado. Debido a su complicidad CGT ha realizado el pasado 24 de Julio concentraciones en distintos puntos de la península frente a las tiendas Vodafone más importantes para denunciar estos hechos. Ese día estuvimos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Alicante, Cuenca, Coruña o Sevilla a la puerta de las tiendas Vodafone de dichas capitales, gritando muy alto que CGT no va a cruzarse de brazos ni a bajar la guardia ante los ataques tanto de Vodafone como de su subcontrata Marktel. Las convocatorias fueron un éxito y pusimos en conocimiento de la opinión pública, una vez más, qué está ocurriendo y quiénes están detrás del servicio de atención al cliente de Vodafone.

No contentos/as con esto, esta semana hemos conocido que la empresa Vodafone plantea dejar en la calle al 20 por ciento de sus empleados directos, ya que han presentado un ERE que afecta a 1300 trabajadoras/es. Muchas de estas prácticas están denunciadas ante las autoridades competentes y CGT va a continuar luchando por unas condiciones de trabajo justas, tanto judicial como sindicalmente tanto en Marktel como en Vodafone.

Vamos a continuar con nuestras acciones.

CGT, dando la cara.

Konecta pierde de nuevo tras enfrentarse a sus trabajador@s: Al enemigo ni agua

Konecta pierde de nuevo tras enfrentarse a sus trabajador@s: Al enemigo ni agua

La multinacional Konecta ha vuelto a perder en los juzgados una demanda en la cual intentaba por las bravas recortar un derecho consolidado de los/as trabajadores/as. En un sector como el de Telemarketing en el cual el uso de las cuerdas vocales es constante, beber agua durante la jornada laboral es fundamental para una adecuada prevención de los riesgos laborales.

En Valladolid, Konecta adquirió hace un par de años a todos los/as trabajadores/as provenientes de la empresa GoldenLine, que llevan desde el año 1997 prestando servicio para Vodafone. En el centro de trabajo de Valladolid, los/as trabajadores/as disponían de fuentes de agua mineral gratuita para poder acceder a ella durante la jornada laboral.

Konecta, en una rancia decisión decidió suprimir las fuentes de agua y el juzgado ha decidido, tras la demanda de CGT, que este derecho, del cual disfrutaban los/as trabajadores/as, se mantiene.

Ahora el grupo Konecta, una multinacional perteneciente al Grupo Santander, tiene que decidir si recurrir esta sentencia o darle de beber a sus trabajadores/as durante la jornada laboral.

Palabras en el viento

Comunicado Conjunto CSIF CGT "Boicot al Comité de Empresa"

EPA segundo trimestre 2015: “Precariedad y precariedad… El Estado y las grandes Empresas productores de sufrimiento”

EPA segundo trimestre 2015: 

“Precariedad y precariedad… El Estado y las grandes Empresas productores de sufrimiento”

El estado y las grandes Empresas (las del Ibex 35), parecen dar por bueno el modelo laboral y social que desde el 2008 impusieron a la mayoría social: despido libre y barato; destrucción del empleo fijo y con derechos; caída vertiginosa del gasto social en prestaciones de desempleo; vaciamiento del fondo de reserva de la Seguridad Social y desestabilización del sistema público de Seguridad Social; creación de empleo (temporal) precario y desnudo de derechos.

El PP ha generado leyes “superiores” a las implantadas por el PSOE desde el 2008 y, al final de su legislatura, ni tan siquiera ha logrado alcanzar las “cuotas de miseria” en las que nos dejó el PSOE: hay 300.000 personas paradas más que en el 2011 y han “logrado” rebajar las prestaciones de desempleo, es decir no pagarles ni “un euro”, a más de 700.000 personas. A 30 de junio 2015, el paro obligado, se sitúa en 5,2 millones de personas.

El empleo creado, más de 400.000 puestos de trabajo, ha seguido la pauta generada por este “modelo criminal de recuperación de la tasa de beneficios de los capitalistas”: solamente menos de 70.000 empleos generados han sido contratados por “tiempo indefinido” y no todos ellos a jornada completa precisamente. 

Es un empleo PRECARIO, PRECARIO y desnudo de derechos, solo de obligación de “trabajar y trabajar temporalmente, hasta que el patrón quiera y con salarios que de hace 25 años”. Empleo temporal, que dispara la tasa de temporalidad hasta el 25% de la población ocupada, empleados/as en su mayoría en la “industria del turismo” y los Servicios, los cuales serán despedidos y despedidas, cuando “termine la temporada” y, percibirán (en el mejor de los casos) prestaciones de desempleo de 6 meses o menos, disminuyendo –aún más- el gasto en prestaciones de desempleo, para que el Estado y los grandes empresarios dediquen esos “dineros” al pago de una deuda “ilegítima, ilegal e indecente”.

Quieren (cada vez más) que veamos como “natural y normal” el hecho de mostrarnos los datos “macroeconómicos” como la única racionalidad: “crece el PIB y todos y todas contentos”. Que aumente la riqueza (crecimiento del PIB) significa ni más ni menos que, las personas trabajadoras “trabajamos más y producimos más”. 

Ahora bien, ese incremento de la “riqueza” se distribuye de manera absolutamente desigual: las grandes Empresas incrementan sus beneficios netos en un 35% sobre el semestre anterior y las rentas salariales, disminuyen un 0,5% en este mismo semestre. Los intereses de la “deuda ilegítima, ilegal e indecente” siguen creciendo y creciendo y los “acreedores” cada vez se llevan más parte de la riqueza social que producimos entre todos y todas. La cobertura de las personas desempleadas decrece dramáticamente y la Seguridad Social sigue en una escalada “suicida” de vaciamiento de su fondo de reserva, a la vez que de aportaciones empresariales (reducciones, exenciones, subvenciones) y con los salarios a la baja, de aportaciones de los trabajadores y trabajadoras.

¿Qué dicen los “grandes productores de sufrimiento y dolor” para la mayoría social? Pues sencillamente que “todo siga igual” y que hay que profundizar en las reformas del mercado de trabajo, que “vamos por el buen camino”.

Al igual que la deuda “pública” que nos han endosado por generaciones y generaciones, es ilegal, ilegítima e indecente, las políticas de Empresarios y el Estado y todo su sistema de “partidocracia”, son ilegítimas, indecentes y no reconocemos su legalidad.

SECRETARIADO PERMANENTE DEL 

COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT

Correo de una trabajadora de Indra a la mesa negociadora

Correo de una trabajadora de Indra a la 

mesa negociadora

A los que nos representan:

Este comunicado no viene nada más que a confirmar las sospechas que muchos de nosotros tenemos, o, que tras muchos años dedicados a la defensa de los trabajadores no habéis aprendido nada de legalidades y plazos, o, que esto está "visto para sentencia" desde el principio y lo único que estáis haciendo es dejar pasar los plazos legales que tiene que cumplir la empresa para hacer efectivo el ERE, estos sí parece que los sabéis y no los de pedir una huelga que estamos demandando los trabajadores sin que os la tiren para atrás.

Me asaltan un montón de dudas:

¿Por qué no lo habéis hecho antes?, estamos así desde el 7 de julio.

¿Por qué no se utiliza la convocatoria existente y legal de la CGT?

¿Por qué os empeñáis en convocar una huelga parcial cuando os estamos solicitando una indefinida?

¿Por qué no hacéis caso a lo que demandamos los trabajadores?

¿Por qué no os comprometéis en asamblea a no firmar ni negociar el ERE?

¿Quién esperáis que haga huelga el día 4 de agosto cuando la mayor parte de la plantilla estaremos de vacaciones?

¿Seréis capaces de mirarnos a la cara si cuando vengamos de vacaciones habéis firmado un acuerdo de no queremos?

¿Cómo podéis consideran de forma muy positiva estos hechos cuando nos dejan con las manos atadas hasta prácticamente la fecha límite de presentación?

¿Qué es para vosotros "el miedo y la entrada en pánico" por parte de la empresa?, ver cómo nos conducís a la pasividad ante algo inevitable?, miedo y pánico es el que nos entra a nosotros cuando vemos que estáis utilizando este conflicto para lanzaros acusaciones los sindicatos y secciones sindicales intentando ser todos los mejores y más legales, cuando en realidad ninguno de vosotros está en la piel de los 1850 trabajadores que lo sufriremos, dejaros de rencillas y dedicar el tiempo para lo que habéis sido elegidos, que no es ni más ni menos que la defensa de los trabajadores.

Estamos hartos de fumar y tomar café, queremos que se nos vea en la calle, que se nos oiga, que los que no salen están haciendo uso de su derecho a no salir pero que los que queremos salir no podemos hacer uso de ello y como siempre seremos los que consigamos de lo que se podrán beneficiar los que no lo hacen, pero aun así estamos dispuestos a hacerlo.

Podéis reenviarlo a quien creáis oportuno, seguro que todos sabéis de alguien a quien le pueda interesar, para bien o para mal, para los que no va con ellos, para los que están manipulando en la sombra, para los manipulados, para los que están dando la cara, para los que la dan y se la parten, en definitiva para los 21000+- empleados de Indra en España, esto no es mi más ni menos que la opinión de uno de ellos.

ESTO VA A SER REMITIDO A LA MESA NEGOCIADORA, SINDICATOS Y CENTRALES SINDICALES, LO CUAL NO ES GARANTIA DE QUE LLEGUE POR EL CONTINUO BLOQUEO DE CORREOS, POR LO TANTO SERÁ EXPUESTO EN LOS TABLONES DE ANUNCIO DE LA EMPRESA PARA QUE LO PUEDA LEER QUIEN ASI LO DESEE.

Evolución

La ONU deja en evidencia al régimen español y sus flagrantes violaciones de derechos civiles y humanos

La ONU deja en evidencia al régimen español y sus flagrantes violaciones de derechos civiles y humanos

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dado a conocer las observaciones finales adoptadas sobre España el 20 de julio de 2015, después del examen del sexto informe periódico sobre la aplicación en este país del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, informa la AEDIDH.

El Comité, compuesto de dieciocho personas expertas independientes de las cinco regiones del mundo, constató la falta de progreso de España en la aplicación de las recomendaciones que le había formulado en 2008, con ocasión del examen del quinto informe periódico de España y formuló las siguientes recomendaciones:

Aplicabilidad interna del Pacto

España debe garantizar el pleno cumplimiento, en el ordenamiento jurídico nacional, de las obligaciones que le impone el Pacto. Con ese fin, debe tomar las medidas correspondientes, incluyendo medidas legislativas si fueren necesarias, para garantizar la plena aplicación del Pacto. El Comité reitera su recomendación anterior (CCPR/C/ESP/CO/5, párr. 8) con el fin de dar un seguimiento a los dictámenes emitidos por el Comité con arreglo al Protocolo Facultativo.

Segundo Plan de Derechos Humanos

España debe acelerar la aprobación del segundo plan de derechos humanos, y asegurarse de que ese plan aborde de manera adecuada y efectiva las cuestiones relevantes planteadas por la sociedad civil, el propio Comité y otros mecanismos de derechos humanos. España debe asegurarse también de que, una vez aprobado, el plan se aplique efectivamente, entre otras cosas a través de la asignación de recursos humanos y materiales suficientes y el establecimiento de mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas.

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

España debe suministrar al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica los recursos financieros necesarios para que pueda cumplir con su mandato con eficacia e independencia. Debe, asimismo, acelerar el nombramiento del presidente y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la independencia del Consejo.

Utilización de perfiles étnicos

España debe combatir eficazmente y eliminar la utilización de perfiles étnicos por los policías y funcionarios encargados de la aplicación de la ley, entre otras formas, con el incremento de capacitaciones para esos agentes sobre la sensibilidad cultural y la inadmisibilidad de la utilización de perfiles étnicos. También debe investigar las faltas de conducta por motivos de discriminación étnica y llevar los responsables ante los tribunales.

No discriminación

España debe garantizar la igualdad de trato a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción, cualquiera que sea su origen nacional o étnico. También debe intensificar las medidas destinadas a evitar que los inmigrantes, los extranjeros y las minorías étnicas, incluida la minoría romaní, sean discriminados en el acceso a la vivienda, el empleo, la educación, la igualdad salarial y la atención de la salud.

Personas con discapacidad

España debe asegurar que se sigan todos los procedimientos para obtener el consentimiento pleno e informado de las personas con discapacidad en la práctica de esterilización en centros de salud. Al respecto, se debe impartir formación especial al personal de salud con el fin de dar a conocer mejor los efectos perjudiciales y los alcances de la esterilización forzada.

Igualdad de género

España debe procurar el aumento de la participación de las mujeres en los sectores público y privado y, de ser necesario, aplicar medidas especiales de carácter temporal apropiadas para dar efecto a las disposiciones del Pacto. También debe adoptar medidas concretas para reducir la diferencia salarial que sigue existiendo entre las mujeres y los hombres y examinar todas las causas que hacen crecer esa disparidad.

Violencia de género y doméstica

España debe seguir intensificando sus esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y, en particular, aumentar las medidas para proteger a las mujeres de origen romaní, velando por que ellas tengan acceso efectivo a mecanismos de denuncia. Debe continuar facilitando el acceso a los servicios de asesoramiento y apoyo existentes para las mujeres víctimas de la violencia especialmente vulnerables y marginadas, e investigar las denuncias de esos casos de violencia, iniciar acciones judiciales y, en caso de ser condenados, castigar a los responsables.

Interrupción voluntaria del embarazo

España debe asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo. También debe continuar sus esfuerzos en los programas de educación de carácter formal (en las escuelas) e informal (a través de los medios de difusión y otras formas de comunicación) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, y asegurar su aplicación.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por agentes de policía

España debe:

a) Redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos, entre otras cosas, reforzando la formación en derechos humanos de las fuerzas del orden y de seguridad, a la luz de los estándares internacionales en la materia;

b) Establecer órganos de denuncia independientes para atender las quejas de malos tratos policiales;

c) Velar porque todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia;

d) Asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada que incluya servicios de salud y de rehabilitación;

e) Asegurar que los exámenes forenses de los presuntos casos de tortura y malos tratos cometidos por agentes del Estado sean imparciales, exhaustivos y se lleven a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul;

f) Prohibir en su ordenamiento jurídico la concesión de indultos a las personas declaradas culpables por el delito de tortura; y

g) Asegurar la utilización de la grabación de interrogatorios en las dependencias policiales y otros lugares de detención respecto de todas las personas privadas de libertad.

Centros de Internamiento de Extranjeros

España debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar el uso recurrente de la detención de los solicitantes de asilo, y garantizar que la detención de los extranjeros sea siempre razonable, necesaria y proporcionada en vista de sus circunstancias individuales; que se recurra a la detención durante el período más breve que proceda y únicamente si se han examinado debidamente y considerado inapropiadas las alternativas existentes. Asimismo, debe tomar todas las medidas necesarias para que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables comparezcan ante la justicia.

Condiciones de la privación de libertad

España debe velar porque se disponga en todos los centros (incluidos los CIE) de instalaciones sanitarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Pacto y con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Régimen de incomunicación del detenido

El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CCPR/C/ESP/CO/5, párr. 14) y recomienda nuevamente que se tomen las medidas legislativas necesarias para eliminar la detención en condiciones de incomunicación y que se reconozca a todos los detenidos el derecho a un médico y a la libre elección de un abogado al que puedan consultar de manera plenamente confidencial y que pueda estar presente en los interrogatorios.

Expulsión de los solicitantes de asilo y los inmigrantes indocumentados

España debe revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley n.º 4/2015 y garantizar que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados y a la protección frente a la devolución sin discriminación, y tengan acceso a un mecanismo independiente con autoridad para suspender las decisiones negativas.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza en las operaciones de expulsión de solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados

España debe adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que no se someta a los inmigrantes a malos tratos durante su deportación y expulsión. Además debe tomar las medidas necesarias para garantizar que autoridades extranjeras (Marruecos) no cometan violaciones de derechos humanos en territorio español, y que los policías y personal de fronteras reciban formación adecuada con respecto al uso de la fuerza en las interacciones con los inmigrantes, y asegurar que cualquier uso excesivo de la fuerza sea investigado y los responsables sancionados, cuando necesario. Asimismo, debe realizar una investigación completa y efectiva sobre los hechos en El Tarajal (Ceuta) y, si es necesario, enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación adecuada a las víctimas.

Ley de seguridad privada

Debe asegurarse la subordinación de la seguridad privada a la pública, y el acceso a la justicia y a mecanismos de reparación eficaces para las víctimas de hechos cometidos por las agentes de seguridad privada. España debe asegurar también la capacitación de los agentes de seguridad privada en materia de derechos humanos.

Violaciones a los derechos humanos del pasado

El Comité reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la ley de amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. España debe velar por que en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas. España debe revisar también su legislación relativa a la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas y, a este respecto, se le alienta a implementar las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada en sus recientes observaciones finales (CED/C/ESP/CO/1, para. 32). Asimismo, España debe establecer un marco jurídico nacional en materia de archivos, y permitir la apertura de los archivos sobre la base de criterios claros y públicos, de acuerdo con los derechos garantizados por el Pacto.

Trata de personas

España debe continuar investigando de manera sistemática y enérgica las denuncias de trata de personas, enjuiciar a los responsables y, en caso de condena, castigarlos y otorgar reparación integral a las víctimas. También debe intensificar sus medidas de apoyo y protección a las víctimas y los testigos, incluidas las medidas de rehabilitación.

Menores no acompañados

España debe elaborar un protocolo uniforme para la determinación de la edad de los niños no acompañados y velar por que los procedimientos de determinación de la edad se lleven a cabo con métodos seguros y científicos, respetando la sensibilidad de los niños, evitando todo riesgo de violación de la integridad física del niño. Asimismo, España debe velar por que el principio del interés superior del niño se tenga en cuenta debidamente en todas las decisiones relativas a niños no acompañados.

Doble instancia penal y secreto de sumario

A la luz de las recomendaciones anteriores del Comité (CCPR/C/ESP/CO/5, para. 17 y 18), España debe acelerar el proceso de reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y asegurar que ésta garantice la plena aplicación del artículo 14 Pacto (restringir el secreto del sumario y garantizar el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior).

Ley de Seguridad Ciudadana

España debe garantizar el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica que asisten a todo individuo y velar por que las restricciones al ejercicio de estos derechos cumplan las estrictas condiciones establecidas en el Pacto, según la interpretación que figura en la observación general n.º 34 (2011) del Comité sobre la libertad de opinión y la libertad de expresión, y en los artículos 21 y 22, párrafo 2, del Pacto. España debe revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley n.º 4/2015 y las subsecuentes reformas del Código Penal, en consulta con todos los actores involucrados, con el fin de asegurar su estricta conformidad con el Pacto.

Difusión de información relativa al Pacto

España debe difundirlas presentes observaciones finales para concienciar en mayor medida a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país, así como la población en general.
 
España debe facilitar, dentro del plazo de un año, información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos relativos a "Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por agentes de policía"), "Violaciones a los derechos humanos del pasado" y "Menores no acompañados".
 
En su próximo informe periódico, que habrá de presentarse a más tardar el 24 de julio de 2020, España debe facilitar información concreta y actualizada sobre todas sus recomendaciones y sobre el Pacto en su conjunto. Al preparar su séptimo informe periódico, se deben realizar amplias consultas con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.

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FOTOS Concentraciones contra la represión sindical en Marktel

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La CGT considera que el paro y la precariedad siguen siendo una lacra en este país

La CGT considera que el paro y la precariedad siguen siendo una lacra en este país

Los datos de la última EPA sólo reflejan mejoras parciales y muy frágiles de las condiciones de vida de las familias trabajadoras

La Confederación General del Trabajo (CGT) no comparte el entusiasmo que transmiten la mayoría de los medios españoles al dar cuenta de los datos recogidos en la última Encuesta de Población Activa (EPA) que ha facilitado en Instituto Nacional de Estadística (INE). Según dicha EPA, el número de parados habría bajado en 295.600 en el segundo trimestre de 2015, hasta situarse en 5.149.000, lo que reduciría la tasa de paro en 1,4 puntos, dejándola en el 22,37 % y la colocaría en valores de mediados de 2011, mientras que el empleo aumentaría en 411.800 trabajadores, el mayor incremento según la versión oficial, desde el segundo trimestre de 2005.

Con los datos publicados por el INE, en los últimos doce meses el empleo ha crecido en 513.500 personas, al mismo tiempo que el paro se reduciría en 473.900. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el conjunto de España el número de parados disminuyó en el segundo trimestre del año en 295.600 personas respecto al primer trimestre del año y alcanzó la cifra de 5.149.000 personas.

Pero lejos de significar la excelente noticia que se nos quiere transmitir (sobre todo porque se aproximan unas elecciones generales) en opinión de la CGT la moderada caída del paro está muy lejos de diagnosticar una mejoría significativa de la grave situación que bien millones de familias españolas. Porque aunque sea cierto que hay 473.900 parados menos, debemos tener en cuenta que la gran mayoría de empleos no deberían ser considerados como tales; nos referimos a los contratos basura (tanto a los que se hacen por unos días o incluso por horas, como los de media jornada o menos, así como a los que tienen una retribución salarial miserable).

No podemos olvidar que todavía (según el propio INE) tenemos más de 5 millones de personas en paro (por encima del 22%), lo que representa el mayor porcentaje de la UE, ni tampoco que podríamos estar en cifras muy superiores si 600.000 jóvenes universitarios y 2.000.000 de trabajadores extranjeros no hubieran abandonado el país ante la imposibilidad de encontrar un puesto de trabajo. Y es que hoy, tener empleo no supone salir de la pobreza. Hemos pasado –sin que el coste de la vida deje de subir- del “mileurismo” (salarios de mil euros mensuales) a retribuciones de 700 u 800 euros, por jornadas de 8 o más horas de duro trabajo.

Por otro lado, la CGT quiere llamar la atención sobre la fragilidad de estas leves tendencias al alza que se producen en los últimos trimestres. Un dato a tener en cuenta es que uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, el turismo, se está viendo beneficiado por la inestabilidad política en países que hace unos años eran directos competidores: Túnez, Egipto, Grecia, Turquía, etc. Otra consideración importante es que la cercanía de las elecciones tiene la virtud de movilizar recursos económicos para obras públicas, ayudas sociales y pago de atrasos al funcionariado, cuyo nada secreto objetivo es ganar votos para el partido en el poder en cada ocasión.

Por último, la CGT denuncia la constante destrucción del empleo digno y aceptablemente retribuido en sectores con grandes beneficios: banca, telecomunicaciones, energía, transportes, automoción, etc. La continuada presentación de ERE en muchos sectores y la paulatina sustitución del trabajo digno por precario y subcontratación en todos los ramos de la economía es la razón de que el 90% de los contratos realizados sea temporal o que más de la mitad de los jóvenes no tenga ni espere un puesto de trabajo. En definitiva, celebrar que tengamos 4 ó 5 veces más paro que EE.UU. Europa o Japón, y cuando todos los organismos internacionales resaltan la mala calidad del empleo en España, por muy electoralista que resulte, desde CGT no nos parece correcto.

Gabinete de Prensa Confederal

SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT