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viernes, 31 de octubre de 2014
Uno de cada cuatro niños vive bajo el umbral de la pobreza en España
Uno de cada cuatro niños vive bajo el umbral de la pobreza en España
El presidente de Unicef España, Carmelo Angulo, ha alertado el pasado sábado, 25 de octubre, de que "uno de cada cuatro niños vive hoy en España por debajo del umbral de la pobreza", según se desprende del III Informe de la situación de los niños en España realizado por la entidad.
Angulo, que ha clausurado la tercera jornada del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) que se celebra en Valencia, ha indicado que estas cifras son aún más preocupantes cuando se comparan los datos con otros colectivos, porque demuestran que los niños son significativamente más pobres que el resto, 10 puntos por debajo del colectivo de mayores de 65 años.
Así, ha reconocido estar muy interesado en recibir de los pediatras una valoración de cómo afecta la pobreza infantil a la salud en un sentido muy amplio, dado que Unicef no cuenta con datos de este tipo en España, aunque sí los tiene de otras regiones del planeta. Uno de los datos más llamativos es la reducción del número de niños que siempre desayunan, que indica que no sólo no es el cien por cien, sino que ha aumentado en los últimos tiempos.
Diferencias de inversión social
Los problemas presentados -también de los campos de educación y demografía- responden a la diferencia de inversión en políticas de protección social de la infancia y familia que se da en España, un 1,4 por ciento del PIB, frente a la media europea que es de un 2,2. Para Unicef el problema no es solo económico, sino también de eficacia, ya que de los países que forman la UE, solo Grecia tiene un menor índice de eficacia a la hora de reducir la pobreza infantil.
Todas estas razones han llevado al Comité Español de Unicef a reclamar un Pacto de Estado por la Infancia, un acuerdo que implique a todos los sectores sociales y que se base en el mismo espíritu del que nació el Pacto de Toledo de 1995, por el cual se adquiría un compromiso para proteger a los mayores de 65 años, aunque en este caso con el colectivo de los niños.
El Congreso de la SEPEAP tiene este año un fin solidario a favor de Unicef. A través de las inscripciones, se han adquirido los suministros necesarios para vacunar a más de 11.400 niños contra la polio en África.
jueves, 30 de octubre de 2014
CGT promueve la negociación del nuevo convenio colectivo
CGT promueve la negociación del
nuevo convenio colectivo
La CGT, siguiendo todos los trámites legales previstos tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Convenio Colectivo, ha procedido a denunciar el convenio, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre, para instar a todas las partes a comenzar la negociación de un nuevo convenio colectivo.
Desde CGT creemos que se abre una oportunidad para mejorar las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Después de cinco convenios, sigue existiendo una enorme precariedad en las empresas de Telemarketing, que se ha visto profundamente agravada tras la reforma laboral del año 2012.
CGT lleva trabajando los últimos meses en una plataforma de negociación que recoge los principales problemas detectados en las empresas y que defenderá con ahínco en la mesa negociadora. Esperamos encontrarnos con el resto de sindicatos en la defensa de los intereses de las trabajadoras y trabajadores del Telemarketing.
El próximo 28 de noviembre se debería constituir la mesa negociadora según establece el Art. 7 del Convenio Colectivo. CGT ha propuesto sitio y hora para no demorar este proceso.
Nos comprometemos a informar a todas y todos de las novedades que traiga este proceso de manera inmediata. Los derechos no se regalan, se conquistan, y estamos seguros de que para mejorar las condiciones de trabajo tendremos que implicarnos todos en lograr que nuestras empresas se convenzan de que esto no puede seguir así.
FACUA insta al Gobierno a asumir de inmediato la sentencia del TJUE sobre las tarifas de luz y gas
FACUA insta al Gobierno a asumir de inmediato la sentencia del TJUE sobre las tarifas de luz y gas
El alto tribunal europeo advierte de que los usuarios de todos los Estados miembro deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor. Así, los consumidores podrían impugnar las que se han producido en los últimos años.
FACUA-Consumidores en Acción insta al Gobierno a asumir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que advierte de que los usuarios de luz y gas deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, algo que no ocurre en España.
La asociación estudia emprender acciones judiciales al considerar que la sentencia del alto tribunal europeo pone de manifiesto no sólo la ilegalidad de los actuales modelos de tarifas de electricidad y gas en España, sino también de los vigentes desde hace años. Así, los consumidores podrían impugnar las subidas tarifarias que se han producido en los últimos años.
Y es que las compañías energéticas no envían a los usuarios información sobre las modificaciones tarifarias con anterioridad a su aplicación, a diferencia de lo que ocurre en el sector de las telecomunicaciones, donde la legislación española les obliga a hacerlo con un mes de antelación. En el caso de la electricidad, con el modelo anterior, la TUR, los precios se publicaban en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que ha dejado de hacerse con el PVPC.
Qué dice la sentencia del TJUE
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada este 23 de octubre, señala que los usuarios a los que se suministra electricidad y gas respondiendo a la obligación general de suministro deben ser informados en tiempo oportuno, antes de que entre en vigor cualquier subida de precios, de los motivos, las condiciones y el alcance de dicho incremento.
En la sentencia, que responde a las cuestiones planteadas por el Tribunal Federal alemán, el TJUE declara que las directivas europeas sobre electricidad y gas se oponen a una normativa nacional sobre la obligación general de suministro que permita a los proveedores modificar la tarifa sin garantizar que antes de su entrada en vigor se informe a los usuarios en tiempo oportuno sobre los motivos, las condiciones y el alcance de ésta.
El TJUE señala que las dos directivas citadas obligan a los Estados miembro a garantizar un nivel de protección elevado de los consumidores en relación con la transparencia de las condiciones contractuales. El Tribunal de Justicia determina que, aparte del derecho a resolver el contrato (previsto por las directivas en caso de modificación de precios), los clientes también deben estar facultados para impugnar dicha modificación, por lo que deben ser informados con anterioridad a su aplicación.
Además, el alto tribunal europeo desestima la solicitud de que se restrinjan al máximo las consecuencias económicas de la sentencia y, por tanto, de que se limiten sus efectos en el tiempo.
El TJUE señala concretamente que no se ha demostrado que poner en cuestión las relaciones jurídicas que agotaron sus efectos en el pasado cause retroactivamente trastornos en el conjunto del sector del suministro de la electricidad y del gas en Alemania. En consecuencia, el Tribunal de Justicia indica que la interpretación de las directivas sobre electricidad y gas debe aplicarse a todas las modificaciones tarifarias que tuvieran lugar durante el período de aplicación de las mismas.
Bruselas estudia la denuncia de FACUA
El pasado marzo, FACUA denunció ante la Comisión Europea la nueva factura de la luz impuesta por el Gobierno de España por imponer unas fórmulas tarifarias y de facturación que atentan contra los derechos de los usuarios establecidas en la legislación de la Unión Europea, de obligado cumplimiento para los Estados miembro.
En su denuncia, la asociación señaló la vulneración de las directivas sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas. Bruselas contestó hace unas semanas argumentando que inicialmente no encontraba ilegalidad en el nuevo modelo tarifario español, ante lo que FACUA presentó una serie de alegaciones que este lunes completará con el contenido de la sentencia del TJUE.
Y es que las compañías energéticas no envían a los usuarios información sobre las modificaciones tarifarias con anterioridad a su aplicación, a diferencia de lo que ocurre en el sector de las telecomunicaciones, donde la legislación española les obliga a hacerlo con un mes de antelación. En el caso de la electricidad, con el modelo anterior, la TUR, los precios se publicaban en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que ha dejado de hacerse con el PVPC.
Qué dice la sentencia del TJUE
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada este 23 de octubre, señala que los usuarios a los que se suministra electricidad y gas respondiendo a la obligación general de suministro deben ser informados en tiempo oportuno, antes de que entre en vigor cualquier subida de precios, de los motivos, las condiciones y el alcance de dicho incremento.
En la sentencia, que responde a las cuestiones planteadas por el Tribunal Federal alemán, el TJUE declara que las directivas europeas sobre electricidad y gas se oponen a una normativa nacional sobre la obligación general de suministro que permita a los proveedores modificar la tarifa sin garantizar que antes de su entrada en vigor se informe a los usuarios en tiempo oportuno sobre los motivos, las condiciones y el alcance de ésta.
El TJUE señala que las dos directivas citadas obligan a los Estados miembro a garantizar un nivel de protección elevado de los consumidores en relación con la transparencia de las condiciones contractuales. El Tribunal de Justicia determina que, aparte del derecho a resolver el contrato (previsto por las directivas en caso de modificación de precios), los clientes también deben estar facultados para impugnar dicha modificación, por lo que deben ser informados con anterioridad a su aplicación.
Además, el alto tribunal europeo desestima la solicitud de que se restrinjan al máximo las consecuencias económicas de la sentencia y, por tanto, de que se limiten sus efectos en el tiempo.
El TJUE señala concretamente que no se ha demostrado que poner en cuestión las relaciones jurídicas que agotaron sus efectos en el pasado cause retroactivamente trastornos en el conjunto del sector del suministro de la electricidad y del gas en Alemania. En consecuencia, el Tribunal de Justicia indica que la interpretación de las directivas sobre electricidad y gas debe aplicarse a todas las modificaciones tarifarias que tuvieran lugar durante el período de aplicación de las mismas.
Bruselas estudia la denuncia de FACUA
El pasado marzo, FACUA denunció ante la Comisión Europea la nueva factura de la luz impuesta por el Gobierno de España por imponer unas fórmulas tarifarias y de facturación que atentan contra los derechos de los usuarios establecidas en la legislación de la Unión Europea, de obligado cumplimiento para los Estados miembro.
En su denuncia, la asociación señaló la vulneración de las directivas sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas. Bruselas contestó hace unas semanas argumentando que inicialmente no encontraba ilegalidad en el nuevo modelo tarifario español, ante lo que FACUA presentó una serie de alegaciones que este lunes completará con el contenido de la sentencia del TJUE.
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miércoles, 29 de octubre de 2014
La EPA III trimestre 2014
La EPA III trimestre 2014
Precariedad y empobrecimiento, son hoy señas de identidad del mercado de trabajo.
El capital, por medio de sus representantes en el poder, bien a escala europea (BCE, Comisión Europea, Consejo Europeo), bien a escala mundial (FMI, OMC y BM), bien a escala local-estatal (nuestro parlamento), han impulsado la mayor ofensiva contra el trabajo desde la II Guerra mundial: por medio del saqueo a la riqueza pública, la creada por los trabajadores y trabajadoras, y entregada a las élites, a las oligarquías, por medio de la expropiación de los derechos sociales y laborales a la inmensa mayoría de la población y especialmente a quienes dependen de un salario o de pensiones.
Para el capitalismo se trataba de arrebatar el poder de los trabajadores y trabajadoras, su capacidad de resistencia y su fuerza en la movilización. Lo han hecho por medio de mecanismos legislativos autoritarios: las distintas reformas Laborales y las diversas reformas de las Pensiones, que no son sino mecanismos jurídicos empleados para consagrar una única libertad, la de los negocios.
La Encuesta de Población Activa (EPA), es un "buen notario" que da fe de lo expuesto anteriormente:
La EPA del III Trimestre de 2014 acredita cómo, de manera estructural, el mercado de trabajo, donde actúan y comparecen casi 23 Millones de personas (Población Activa a septiembre 2014: 22.931.700 personas), se define por la precariedad y el empobrecimiento.
1. Las personas asalariadas con contrato indefinido en el tercer trimestre 2014 (julio-septiembre) han disminuido en 26.700. Las personas asalariadas con contrato temporal en el mismo periodo han aumentado en 122.400.
Desde diciembre de 2011 (el PP llega al poder) a septiembre 2014, hay 263.600 personas menos con contrato indefinido y, por el contrario, han aumentado los contratos a tiempo parcial en 166.000 personas y se han destruido la friolera de 369.400 contratos a jornada completa en estos tres años.
2. El paro ha aumentado, desde diciembre 2011 hasta septiembre 2014, en 140.000 personas y en estos tres años se han destruido 789.000 puestos de trabajo.
3. El paro juvenil de los menores de 25 años ha aumentado en este tercer trimestre en 27.000 personas, encontrándonos actualmente con un colectivo de jóvenes parados/as, hasta esta edad, de 867.000.
4. Las personas paradas de larga duración ascienden a 3,5 millones, es decir, más del 60% de todos los parados/as. Los hogares con todos sus miembros en paro son ya 1.789.400 personas.
La EPA del III Trimestre 2014, vuelve a desmontar la mentira de los "poderosos" (políticos, empresarios y demás "especies") que a diario nos cuentan "cuentos" (lo que crece la economía, lo que aumenta el empleo, etc.) que hacen llorar e indignar a millones y millones de personas ninguneadas y robadas, en derechos y condiciones de vida:
a) En Diciembre 2011 había 23.440.300 personas en la Población Activa y en septiembre 2014, la Población Activa son solamente 22.931.700, lo cual significa lisa y llanamente que 508.600 personas o bien han migrado o bien ni siquiera buscan empleo.
b) En el trimestre III del 2014 cae el paro en 195.000, pero solamente se crearon 151.000 empleos, todos precarios, bien temporales bien de autónomos (éstos crecieron en este trimestre en 58.500), luego significa que 44.000 personas se dan de baja de la Población Activa (emigran o se "desafilian").
Para la CGT, la realidad (la del mercado de trabajo incluida) sólo puede ser analizada e interpretada en un sentido: hay que repartir el trabajo y la riqueza y hay que hacerlo ahora. De los trabajadores y trabajadoras, de los de abajo, de la mayoría social depende si queremos darle la vuelta a la realidad y terminar con este saqueo, robo y expropiación de derechos que nos empobrecen y precarizan nuestras vidas y nos hacen personas a-sociales e insolidarias.
Para CGT, la movilización, el ocupar las calles, el confrontar y desobedecer al poder, es la única garantía de una vida con dignidad para todos y todas.
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martes, 28 de octubre de 2014
La puesta en marcha del nuevo sistema operativo, suma y sigue en el despropósito para la gestión de avisos de emergencias
La puesta en marcha del nuevo sistema operativo, suma y sigue en el despropósito para la gestión de avisos de emergencias
Este proyecto de nuevo sistema operativo que está previsto poner en marcha desde el 28 de octubre en Andalucía, viene de 2012, empezó mal, pues para su contratación no se contó con la experiencia de los profesionales que iban a tener que trabajar con el nuevo sistema informático y se decidió despilfarrar en uno innecesariamente más costoso (5,2 millones de presupuesto inicial, ya ampliamente superado) frente a otras opciones más apropiadas y mucho menos gravosas para el erario público.
Así, se ha recortado presupuesto para las empresas subcontratadas encargadas de la gestión de emergencias, por cierto, en cesión ilegal de trabajadores encubierta, yendo la cosa a peor, pues la formación impartida por los empresauriosbeneficiarios de las subcontratas de personal, que curiosamente son los mismos, al igual que los responsables del Servicio desde hace ya casi dos décadas, ha sido manifiestamente insuficiente en estos meses anteriores a la puesta en marcha. Lo importante es mantener el chiringuito a costa de los de siempre, de los más débiles.
Las plantillas han recibido una formación inicial sobre una plataforma informática con fallos o incompleta, desigual y en todo caso, muy escasa en número de horas por persona, siendo la base fundamental la formación no tutorizada o autoformación; cada uno se ha formado como ha podido leyendo manuales o practicando entre llamada y llamada o, lo que es el colmo, proponiendo las empresas su realización altruista fuera de horas de trabajo como solución desesperada. Y a la bolsa de trabajo no le queda otra que acudir gratis total bajo la amenaza de no ser contratados pues la puesta en marcha ya va con bastante retraso por los problemas generados por esta decisión.
Y todo para un nuevo sistema de gestión que unánimemente toda la representación de personal de los gestores de Emergencias 112 en Andalucía ha considerado inadecuado, enrevesado, poco ágil…, y así lo han transmitido este lunes al Consejero de Justicia e Interior por escrito, por suponer un paso atrás en la atención de calidad al ciudadano, pues su complejidad (de 2 pantallas se pasa a 3 por gestor) y dispersión de la información, va a provocar incremento en los tiempos de gestión, mayor fatiga visual y, por esto, mayores riesgos de fallo humano o de saturación en momentos de alta demanda.
CGT lamenta, en definitiva, que Emergencias 112 Andalucía siga siendo el coto privado de unos pocos donde se dispara con pólvora del rey a base de llenar los bolsillos de UTEs y subcontratas de personal, sin que nadie responda de decisiones tan caprichosas como ineficientes como aquí denunciamos y que más tarde o más temprano acabarán afectando al ciudadano, a los demás operativos integrados en el sistema o a los propios gestores de emergencias, por la presión que van a sufrir para poder tapar las deficiencias denunciadas.
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lunes, 27 de octubre de 2014
domingo, 26 de octubre de 2014
sábado, 25 de octubre de 2014
viernes, 24 de octubre de 2014
La Comisión Paritaria tiene algo que esconder
La Comisión Paritaria tiene algo que esconder
El miércoles 22 de octubre de 2014 se ha celebrado en la Audiencia Nacional un juicio de tutela de derechos fundamentales contra la patronal de telemarketing, UGT y CCOO.
Empezando por el final, adelantamos que la fiscalía de la Audiencia Nacional está de acuerdo con CGT en que la Comisión Paritaria del Convenio oculta información relevante a nuestra organización sindical y a todos los trabajadores sin ningún motivo. Cree que se esta atentando la libertad sindical de CGT.
Realizando un escueto resumen, podemos contaros que esta comisión paritaria, para la cual UGT y CCOO tienen 18 liberados (Art. 83 del Convenio), se niega a informar a CGT de las actas de sus reuniones y de las consultas que realizan trabajadores y representantes de los mismos para que interpreten el convenio.
CGT lo ha vuelto a dejar claro en el juicio indicando que no pide participar en este paripé, sino que solicita conocer lo que afecta a los trabajadores del sector y que tiene derecho a esta información por ser uno de los sindicatos más representativos en todo el Estado.
Algo tendrá que ocultar la caspa sindical y la patronal cuando ocultan con tanto celo algo que debería ser público y notorio. El Convenio Colectivo sale en el BOE, dado que afecta a 70 000 trabajadores, y las consultas y resoluciones de la Comisión Paritaria deben ser públicas, dado que los únicos que pueden interpretar el convenio son los que lo han firmado.
Quedamos a la espera de la sentencia en primera instancia que dicte la sala de lo social de la Audiencia Nacional.
jueves, 23 de octubre de 2014
Unitono: visto para sentencia ¿otra vez?
Unitono: visto para sentencia ¿otra vez?
En la mañana de ayer, miércoles 22 de octubre de 2014, hemos asistido al final del juicio contra Unitono Servicios Externalizados por el expediente de regulación de empleo presentado por esta empresa este año y que ha supuesto la desaparición de más de 200 puestos de trabajo. La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reanudado el juicio y en un breve acto ha dado la posibilidad a las partes para entregar las conclusiones.
En primer lugar, denunciamos que esta empresa, apoyándose en la reforma laboral, ha querido llevar hasta las últimas consecuencias un expediente de regulación de empleo absolutamente innecesario. Unitono, si quisiera, tendría trabajo para todos los despedidos. Pero Unitono lo único que desea es seguir avanzando en su malévolo plan: quiere quitarse de en medio a trabajadores con más antigüedad, más derechos, para, una vez limpiada su plantilla, contratar mano de obra en peores condiciones aprovechando la última reforma laboral. (*)
Desde CGT nos parece una tomadura de pelo el aplazamiento solicitado por la Federación de Servicios de UGT el pasado 1 de octubre y que lo único que ha conseguido es alargar un proceso traumático para centenares de trabajadores. Hoy la sección sindical de UGT en Unitono Madrid ha expresado que la decisión de su cúpula fue tomada a espaldas de ella y que ellos, conscientes de la mala fe de Unitono en todo este proceso, quieren que el tribunal dicte una sentencia que recoja la improcedencia o nulidad de todos estos despidos. ¿Cuál es la UGT real? ¿La representada por Carlos Prieto, miembro del Comité de Empresa de Unitono? ¿O es la UGT representada por el resto de miembros de su sección sindical? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que CGT tiene una sola voz que en todo este proceso ha estado al lado de los trabajadores, argumentando la barbaridad que supone este expediente de regulación de empleo y luchando sindical y judicialmente contra este ERE.
También resaltamos y denunciamos la vergonzosa actitud que ha tenido hoy la Unión Sindical Obrera (USO). El abogado de esta organización sindical ha dejado constancia de que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con la empresa si aceptaba el resto de sindicatos la oferta que había hecho Unitono. Además, ha retirado sus conclusiones presentadas por escrito (en las que se adhería a la demanda que defendía los puestos de trabajo) y se ha lavado las manos como Poncio Pilatos. USO dice que no sabe quién tiene la razón y le parece bien lo que el tribunal dictamine.
Desgraciadamente, todavía quedan unos días de angustia para los más de 200 despedidos de Unitono Madrid. Desde CGT nos comprometemos a informar a todos los trabajadores del resultado de esta sentencia e informaremos de la misma de manera inmediata en cuanto nos sea comunicado.
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