¿Qué tienen que ver las reformas
laborales con la UE?
3 - ¿De qué va la UE?
El Pacto del Euro, o Pacto por la Competitividad, impone unas políticas económicas de obligado cumplimiento que suponen un nuevo giro de tuerca sobre las condiciones de vida de la mayoría. Así, establece diferentes obligaciones en materia salarial, laboral, de pensiones, etc:
Los salarios deben vincularse a la productividad y dejar de estar vinculados al Índice de Precios. Esto supone cambiar las reglas de la negociación Colectiva, desvinculando los salarios del coste de la vida, a la vez que se limita el nivel de centralización de los convenios colectivos y se exige una flexibilidad interna. Esto es, exige terminar con el poder contractual sindical en la fijación de las condiciones de trabajo sobre jornada (tiempo de trabajo), organización de trabajo (turnos, sistemas de retribución, etc.) y despidos. Socava gravemente la negociación colectiva.
La UE planifica y exige reformas laborales que aborden la flexibilidad y la disponibilidad unilateral del contrato por parte del empresario.
El Pacto por el Euro y el Pacto Fiscal "recomiendan" el aumento de la edad de jubilación y la reducción de la cuantía de la pensión. La UE fomenta los Planes Privados de Pensiones.
Exige incluir en la legislación del país con rango constitucional (como ya ha hecho toda la clase política en España) el equilibrio financiero, es decir, el déficit y también el pago de la deuda como prioridad. Con esto se persigue garantizar que los acreedores de la deuda cobren no sólo el principal, sino también los intereses. Y endurece las penalizaciones para quien no cumpla.
Incentiva la recapitalización de la Banca. Esta es una medida clara de socialización de las pérdidas causadas por la especulación y la mala praxis. En cambio, las ganancias siguen siendo exclusivamente privadas.
La Comisión Europea interviene en los Presupuestos de cada estado miembro para vigilar que cumplen con todas las políticas acordadas. Lo hace mediante el procedimiento conocido como "Semestre europeo".
Ya había desaparecido del Tratado de Lisboa la posibilidad de exigir y ejecutar derechos esenciales (huelga, tiempo de trabajo, negociación colectiva, etc) En el Pacto del Euro no aparece lo social, ni siquiera como retórica. Está ausente cualquier referencia mínima a los casi 27 millones de paradas /os y sus condiciones de inseguridad. Lo que aparece, en cambio, es toda una política anti-social y anti-trabajadoras/es, que son convertidos en meras mercancías de usar y tirar, para garantizar la tasa de beneficios del capital.
Según Eurostat, en enero de 2014 había en la UE-28, 26,231 millones de personas en paro. De ellos , el 23% se encuentran en el estado español (6 millones). El 2 de febrero de 2011 Gobierno, Sindicatos y Empresarios pactaron las políticas del Pacto del Euro que se aplican en el estado español, el denominado "Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones". Enterraron así las dinámicas de movilización para revertir las salidas antisociales a la crisis.
En el Estado español, la flexibilidad laboral había quedado garantizada con la Reforma Laboral plasmada en la Ley 35/2010 del gobierno Zapatero. Aún más grave ha sido la Reforma Laboral del gobierno del PP 3/2012. Flexibilidad y disponibilidad unilateral por el empresario, en todo el recorrido del contrato, desde la entrada y la permanencia a la salida. Las Pensiones fueron ajustadas a los criterios fijados por la UE. El retraso de la edad de jubilación y la disminución garantizada de la cuantía de la pensión son aspectos que quedan fijados en sus recortes con la Ley 27/2011 de PSOE, CEOE, CC.OO y UGT y con la Ley 23/2013 del PP sobre el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad. Los ajustes para reducir el déficit y la deuda a los criterios señalados por la UE afectan tanto al mercado privado (devaluación masiva de salarios a través de la falta de aplicación de los convenios o bajadas directa de los salarios), como al público: disminución salarial a todo el personal que trabaja en las distintas AAPP, despidos colectivos para el personal laboral y reducción del empleo público, con tasas de reposición 0.
Y todo ello en base a la absoluta prioridad de crear las condiciones laborales, sociales y políticas para fomentar "la competitividad". Esto ha conllevado la privatización de servicios esenciales para las poblaciones. Al mismo tiempo se produce una reducción de los costes del trabajo, a través o por medio de políticas que incrementen la flexibilidad, la movilidad de la fuerza de trabajo y la capacidad de ajuste (despido, horas extras...) según el ciclo económico (recesión, crisis, estancamiento o crecimiento).
Es la muerte del trabajador/a, como asalariado y como persona social, pues se le transforma su naturaleza política/jurídica (persona con derechos) al convertirle en un mero factor de producción de capital.
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