¿Cómo están evolucionando las desigualdades en la UE?
6 - ¿De qué va la UE?
Un análisis de las políticas sociales seguidas por los países industrializados en la UE muestra tres momentos diferenciados.
El primer período, década de los 80 y primeros 90, se caracteriza por los cambios efectuados en las políticas sociales. Las Instituciones de la UE optan por reformas que convierten los Sistemas de Protección Social Universales y Públicos en Sistemas Mixtos, es decir, aquellos de financiación pública pero con producción privada. Además, son segmentados (contributivos, no contributivos, asistenciales, etc.) y se fijan distintos niveles de protección. Domina la ideología de "las ventajas de lo privado", que sirve de excusa para poner en manos del mercado lo que antes estaba en la esfera pública. Se pasa de la concepción “ciudadana/o portador de derechos” a “usuaria/o consumidor de servicios”. En estos momentos, por paradójico que parezca, no solo no disminuye el gasto público total, sino que aumenta en unos 11 puntos sobre el PIB en los países industrializados. Las partidas con el crecimiento más fuerte son las de pensiones y sanidad.
El segundo período, desde 1992 hasta 2008, estuvo determinado por la reestructuración de políticas económicas (entrada del euro) y políticas fiscales (reducción de gastos como forma de compensar los déficit, en lugar de aumentar ingresos). Esto acentúa la vulnerabilidad del sistema ante las fuertes presiones del mercado y los procesos de integración económica supranacionales conocidos como "globalización". La unificación de las políticas económicas y fiscales, con dos referencias clave, el Tratado de Maastricht (93) y Pacto de Estabilidad (97), supone problemas comunes a los sistemas de protección social. Las mismas políticas en todos y cada uno de los estados miembros de la UE, producen en este momento un estancamiento en el volumen de gasto social en torno al 26% del PIB.
El tercer período, desde el estallido de esta crisis, es regido por el Pacto del Euro y el Pacto Fiscal. El volumen de gasto social disminuye de manera drástica y especialmente en los países del sur europeo, incrementándose la desigualdad hasta extremos insoportables.
Se recortan los gastos de prestaciones y en especial las pensiones, la sanidad y la prestación de desempleo. Se instala la idea de “estado Asistencial” ante situaciones de necesidad imperiosa, suplantando al “estado de Bienestar”.
Las consecuencias de éstas políticas se visibilizan en el análisis de cada una de las partidas del gasto. Aumenta la vulnerabilidad social, al crecer la pobreza, la exclusión social, la inseguridad y precariedad laboral y la sociedad de control (ausencia de libertad, leyes especiales de extranjería, mayores poblaciones reclusas).
Estas políticas neoliberales desmantelan los servicios públicos favoreciendo la privatización. No corrigen el desequilibrio y la deuda en materia de cuidados, sino que los agravan. Al transferir a la “esfera privada” cuidados, como escuelas infantiles, atención a la dependencia, etc. aquellas mujeres que no pueden afrontar los precios se ven obligadas a sobrecargarse, puesto que la sociedad sigue siendo profundamente patriarcal y los cuidados no están repartidos equitativamente. La mayoría de las personas consideradas pobres en Europa son mujeres. Son las más afectadas por la discriminación en materia de empleo, salarios y salud.
Estas políticas producen pobreza, desigualdad y exclusión social, a la vez que benefician a unos pocos con las privatizaciones y los rescates. Las ciudades y las regiones periféricas del mundo ven aumentar las bolsas de pobreza. Nuevas formas de exclusión del derecho a la salud en los países de la UE se relacionan con la desigual distribución y acceso a los servicios y a los recursos entre naciones y territorios regionales y entre trabajadoras/es autóctonos y extracomunitarios. La sociedad es cada vez más desigual.
Pretenden extender la idea de que el único modo para salir de la crisis es “volver al puro mercado como regulador de las relaciones económicas y sociales, de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda”. Sin embargo, ese modelo capitalista ha causado 27 millones de personas paradas en la UE; el 13% de la población ocupada en situación precaria; el 15% de la población por debajo de los umbrales de pobreza; millones de inmigrantes (mano de obra barata, esclava), a quienes se les niega cualquier derecho de ciudadanía y se les utiliza como ejército de reserva, fomentando el racismo y la xenofobia en las sociedades de acogida; sociedades cada vez más desestructuradas con regresión y desarraigo social; deterioro ecológico y medio ambiental, posiblemente irreversible.
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