QUALYTEL-ARVATO
despide a mujeres embarazadas
Despide a mujeres embarazadas de ETT que gestionan el 016, atención sobre la violencia de género
Hace dos semanas, una compañera fue a comunicar su embarazo a la ETT que la contrató para Qualytel-Arvato. Su contrato era de obra y servicio. La empresa de ETT se negó a recoger la comunicación, posteriormente el director de recursos humanos la remitió nuevamente a la ETT. La trabajadora envió un burofax a la empresa para notificar su embarazo. Lo hizo, y esa misma noche recibió una llamada de la ETT diciéndole que la empresa le había comunicado que su contrato había finalizado.
Sin embargo, pese a que su relación laboral ha finalizado, la campaña a la que estaba asignada no lo ha hecho, y unas 500 personas trabajan aún en el mismo departamento. Esa misma semana, otra empleada, que renovaba su contrato mes a mes, se quedó sin trabajo poco después de que comunicara su embarazo a la empresa.
Las condiciones laborales no parecen las más adecuadas para atender una línea telefónica que ejerce una labor tan delicada. "A mucha gente le ofrecen reducciones de jornada y sueldo o les dicen que se adapten a una jornada partida. Muchos no pueden asumirlo y se marchan de la empresa. Las pausas y tiempos de descanso no se respetan tal y como están establecidas en el convenio. Puedes estar hora y media sin poder levantarte de la silla y atendiendo constantemente llamadas", afirma Víctor Davis, que pertenece a CGT y es miembro del comité de empresa de Qualytel en Madrid.
La precariedad laboral de las personas asignadas al servicio 016, es la misma que la del resto del personal de la empresa que gestiona actividad comercial como los números de Orange o Vodafone. Esto es, que las trabajadoras que tienen que dar apoyo a las víctimas de la violencia machista tienen las mismas condiciones de trabajo que los que se dedican a la promoción de móviles y otras ofertas de las operadoras.
El ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad dice desconocer todos estos hechos. "No teníamos constancia de nada de esto. Desde luego, va en contra de lo que defiende esta secretaría de Estado y se van a hacer las averiguaciones oportunas para saber qué ha sucedido y si esto es verdad", dice un portavoz de la secretaría de Estado de Igualdad. La Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ya ha dado instrucciones a su gabinete para que se ponga en contacto con Arvato. El contrato se adjudicó en 2007 y caduca en 2013: a finales de este año comenzará el proceso para adjudicar de nuevo su gestión.
Fallido Plan de Igualdad
El diagnóstico que se hace de la empresa en su Plan de Igualdad, aprobado este mismo año, incluye un apartado en el que se dice que se ha detectado la existencia de mujeres víctimas de violencia de género en la plantilla. "Se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer unas recomendaciones para el tratamiento de estos casos entre la plantilla. Para el correcto tratamiento de estos casos es necesario sensibilizar a los cuadros medios en relación a este tema, así como difundir entre la plantilla los derechos laborales de que disponen las mujeres víctimas de violencia de género", dice el texto. La realidad es, sin embargo, distinta, la empresa no ha dado ninguna facilidad a mujeres que han interpuesto denuncias o que incluso tenían órdenes de alejamiento.
Paradójicamente, Qualytel-Arvato es una de las casi 60 empresas que se han adherido a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género que puso en marcha el ministerio de Sanidad. Estas empresas se comprometen a dar empleo a mujeres víctimas de violencia machista y a sensibilizar a sus plantillas. Su director de relaciones laborales acudió al acto y se hizo la correspondiente foto con la ministra Ana Mato.
La inspección de Trabajo sancionó a Qualytel, la empresa de telemárketing filial de Arvato Bertelsmann, por infracción grave al incumplir la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y despedir a trabajadores con discapacidad en 2012. Así consta en una notificación de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con fecha de abril de 2012. Según la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, las empresas con infracciones graves en materia de integración laboral de personas con discapacidad tienen prohibido contratar con las administraciones públicas.
