Señor Gallardón: confieso que soy un criminal…y estoy orgulloso de ello
Pues ya ve lo que son las cosas, señor Gallardón: soy
un criminal. Convicto y confeso. Yo, que nunca he militado en un partido
político, que no tengo antecedentes penales y que jamás he sido detenido,
merezco pasar 4 años y medio en prisión. 54 meses. 1.620 días.
Es algo que nunca hubiera pensado, y eso que en
los últimos años me he convertido en un montón de cosas que tampoco hubiese
imaginado hace no tanto tiempo. Me he convertido en un parado de larga duración
y me he convertido en un emigrante obligado. Pero lo de criminal, de verdad, sí
que no me lo esperaba. Y lo soy gracias a usted, y más en particular gracias a su reforma del código penal. Digo “su reforma” porque es
suya, que la gente que entiende de esto no
parece muy de acuerdo con su iniciativa.
Comencé a convertirme en un criminal, señor Gallardón, cuando el día 17 de mayo de 2011 me abrí una cuenta en Twitter. Cuarenta y ocho horas antes, centenares de miles de personas salimos a las calles para reclamar, entre otras cosas, que gente como usted no pudiera hacer cosas como esta reforma sin pasar antes por un control ciudadano. Y como en aquel momento todo parecía posible, nos quedamos en las plazas, nos organizamos y cada uno aportó lo que pudo y, a cambio, aprendió mucho más. En mi caso sobre redes sociales. Aprendí sobre cómo manejar cuentas colectivas, como coordinarse a través de pads, como levantar un streaming, como maximizar las herramientas que nos han dado, y les han quitado a ustedes, el monopolio del control de la información. En resumen, aprendí como contribuir a armarla parda en internet.
Como no se me daba mal, señor Gallardón, en estos últimos dos años y junto a un montón de gente, he llevado perfiles de Facebook y N-1, he editado páginas, me he metido en el mundillo meneame para maximizar el impacto de la información y he terminado con un Tweetdeck tan largo como el listado de puestos públicos que lleva usted desempeñando desde el lejano 1983. Mientras ayudaba a tuitear desahucios, hacía eventos para convocatorias, post sobre sentencias favorables o sencillamente corría por los andenes mientras la UIP barría la estación de Atocha, jamás tuve la sensación de estar haciendo algo delictivo. Al contrario: ejercía mi deber como ciudadano. Expresaba mi opinión y defendía mis ideas de manera siempre pacífica y consensuada por la asamblea en la que participaba. Ejercía, en resumen, la democracia en su acepción (al menos para mí) más comprometida y seria.
Por supuesto que mi limitado compromiso, como el de muchas más personas, ha tenido consecuencias: propuestas de sanción administrativas, con partes policiales realizados sin identificaciones previas, tirando de listas negras, con pantallazos de Facebook o fotografías en las que aparecemos diversas personas marcadas como justificación. Pero hasta ahora la ley les ha dejado fuera de juego, desestimando la inmensa mayoría de las sanciones impuestas. En mi caso, ni superaron las alegaciones que un grupo de abogadas -a las que en Valladolid estamos infinitamente agradecidos- presentaron en mi nombre.
Imagino que por eso, Sr. Gallardón, han decidido
ustedes hacer lo que mejor saben: cambiar las reglas del juego y, en el proceso,
cargarse una serie de pilares democráticos, como la libertad de opinión o el
derecho de libre manifestación. Y como el Código Penal es siempre impersonal, he
decidido ponerme como ejemplo de qué se lleva una persona sin antecedentes
penales como consecuencia de su pulsión punitiva.
Hagamos un rápido cálculo:
-Confieso haber infringido el recién modificado artículo 559 del Código Penal: He usado diversos perfiles colectivos y personales en redes sociales para difundir acciones, siempre pacíficas, de StopDesahucios, manifestaciones no comunicadas y ocupaciones de sucursales bancarias. Como además ha sido de forma continuada -y aún lo sigo haciendo desde la distancia-, entiendo que la suma de múltiples delitos del mismo tipo acarrearía la pena máxima, un año de prisión, suponiendo que acumulen cada uno de los episodios en un solo proceso.
-Confieso haber infringido el recién creado art. 557ter, porque junto otras personas, he ocupado (siempre pacíficamente) al menos tres sucursales bancarias (con el objeto de evitar desahucios) y la sede de la Consejería de Sanidad de Castilla y León (para protestar contra el cierre de 18 centros rurales de Urgencias nocturnas) en mi ciudad, durante y después de su horario de cierre. Además, con el agravante de incurrir en el apartado 3 del artículo 557bis: “Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas”. Esto supone cuatro delitos castigados con la pena superior prevista, 6 meses cada uno: en total, dos años de cárcel más.
-Por último, confieso haber infringido el también modificado artículo 550, porque en al menos tres ocasiones he rehusado educadamente seguir las indicaciones de los funcionarios de policía, como forma de resistencia pasiva y pacífica. Me he negado, con miles de personas, a desalojar una plaza. Me he negado, con decenas de personas, a bajar una tienda de campaña de un escenario (autorizado) en el que se conmemoraba, con tuna y todo, el primer aniversario de nuestra acampada. Me he negado, por último, a desalojar una acera en la que protestábamos contra la política de recortes de ministro Wert (acera ocupada también por otros ciudadanos, miembros del PP, que jaleaban al ministro haciendo un uso tan legítimo como el mío de su libertad de expresión y que no tuvieron problema alguno para quedarse). Como en la nueva redacción del 550 desaparece la distinción entre resistencia “activa” y resistencia “pasiva” me encuentro con otros tres delitos castigados con penas de 6 meses a 3 años de prisión cada uno. Presuponiendo que me encuentro con una jueza decente y me condena a la mínima, es un año y medio más.
En total, señor Gallardón, merezco -siempre según usted y sus secuaces- purgar una pena de cuatro años y medio de cárcel, lo que implica un ingreso inmediato en prisión.
Y no soy el único: hay miles de personas que, según su nueva definición, son también criminales. Así, señor Gallardón, mientras van pensando como reutilizar estadios olímpicos inacabados como centros de detención (y así matan dos pájaros de un tiro), también le digo que lo lleva usted claro. Lo llevan ustedes claro. Personalmente seguiré haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora, y pienso seguir violando sus leyes. Y no solo porque sean injustas e ilegítimas, señor Gallardón, sino porque, ahora más que nunca, es un deber cívico: o la democracia o ustedes. Es tan sencillo como eso. Nos vemos en las calles, nos vemos en las plazas y, por qué no, en 2015 nos vemos en las urnas.
Comencé a convertirme en un criminal, señor Gallardón, cuando el día 17 de mayo de 2011 me abrí una cuenta en Twitter. Cuarenta y ocho horas antes, centenares de miles de personas salimos a las calles para reclamar, entre otras cosas, que gente como usted no pudiera hacer cosas como esta reforma sin pasar antes por un control ciudadano. Y como en aquel momento todo parecía posible, nos quedamos en las plazas, nos organizamos y cada uno aportó lo que pudo y, a cambio, aprendió mucho más. En mi caso sobre redes sociales. Aprendí sobre cómo manejar cuentas colectivas, como coordinarse a través de pads, como levantar un streaming, como maximizar las herramientas que nos han dado, y les han quitado a ustedes, el monopolio del control de la información. En resumen, aprendí como contribuir a armarla parda en internet.
Como no se me daba mal, señor Gallardón, en estos últimos dos años y junto a un montón de gente, he llevado perfiles de Facebook y N-1, he editado páginas, me he metido en el mundillo meneame para maximizar el impacto de la información y he terminado con un Tweetdeck tan largo como el listado de puestos públicos que lleva usted desempeñando desde el lejano 1983. Mientras ayudaba a tuitear desahucios, hacía eventos para convocatorias, post sobre sentencias favorables o sencillamente corría por los andenes mientras la UIP barría la estación de Atocha, jamás tuve la sensación de estar haciendo algo delictivo. Al contrario: ejercía mi deber como ciudadano. Expresaba mi opinión y defendía mis ideas de manera siempre pacífica y consensuada por la asamblea en la que participaba. Ejercía, en resumen, la democracia en su acepción (al menos para mí) más comprometida y seria.
Por supuesto que mi limitado compromiso, como el de muchas más personas, ha tenido consecuencias: propuestas de sanción administrativas, con partes policiales realizados sin identificaciones previas, tirando de listas negras, con pantallazos de Facebook o fotografías en las que aparecemos diversas personas marcadas como justificación. Pero hasta ahora la ley les ha dejado fuera de juego, desestimando la inmensa mayoría de las sanciones impuestas. En mi caso, ni superaron las alegaciones que un grupo de abogadas -a las que en Valladolid estamos infinitamente agradecidos- presentaron en mi nombre.
¿Prevenir el blanqueo de dinero? ¿Luchar
contra la corrupción sistémica? ¡Tenemos cosas más importantes que
hacer!
Hagamos un rápido cálculo:
-Confieso haber infringido el recién modificado artículo 559 del Código Penal: He usado diversos perfiles colectivos y personales en redes sociales para difundir acciones, siempre pacíficas, de StopDesahucios, manifestaciones no comunicadas y ocupaciones de sucursales bancarias. Como además ha sido de forma continuada -y aún lo sigo haciendo desde la distancia-, entiendo que la suma de múltiples delitos del mismo tipo acarrearía la pena máxima, un año de prisión, suponiendo que acumulen cada uno de los episodios en un solo proceso.
-Confieso haber infringido el recién creado art. 557ter, porque junto otras personas, he ocupado (siempre pacíficamente) al menos tres sucursales bancarias (con el objeto de evitar desahucios) y la sede de la Consejería de Sanidad de Castilla y León (para protestar contra el cierre de 18 centros rurales de Urgencias nocturnas) en mi ciudad, durante y después de su horario de cierre. Además, con el agravante de incurrir en el apartado 3 del artículo 557bis: “Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas”. Esto supone cuatro delitos castigados con la pena superior prevista, 6 meses cada uno: en total, dos años de cárcel más.
-Por último, confieso haber infringido el también modificado artículo 550, porque en al menos tres ocasiones he rehusado educadamente seguir las indicaciones de los funcionarios de policía, como forma de resistencia pasiva y pacífica. Me he negado, con miles de personas, a desalojar una plaza. Me he negado, con decenas de personas, a bajar una tienda de campaña de un escenario (autorizado) en el que se conmemoraba, con tuna y todo, el primer aniversario de nuestra acampada. Me he negado, por último, a desalojar una acera en la que protestábamos contra la política de recortes de ministro Wert (acera ocupada también por otros ciudadanos, miembros del PP, que jaleaban al ministro haciendo un uso tan legítimo como el mío de su libertad de expresión y que no tuvieron problema alguno para quedarse). Como en la nueva redacción del 550 desaparece la distinción entre resistencia “activa” y resistencia “pasiva” me encuentro con otros tres delitos castigados con penas de 6 meses a 3 años de prisión cada uno. Presuponiendo que me encuentro con una jueza decente y me condena a la mínima, es un año y medio más.
En total, señor Gallardón, merezco -siempre según usted y sus secuaces- purgar una pena de cuatro años y medio de cárcel, lo que implica un ingreso inmediato en prisión.
Y no soy el único: hay miles de personas que, según su nueva definición, son también criminales. Así, señor Gallardón, mientras van pensando como reutilizar estadios olímpicos inacabados como centros de detención (y así matan dos pájaros de un tiro), también le digo que lo lleva usted claro. Lo llevan ustedes claro. Personalmente seguiré haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora, y pienso seguir violando sus leyes. Y no solo porque sean injustas e ilegítimas, señor Gallardón, sino porque, ahora más que nunca, es un deber cívico: o la democracia o ustedes. Es tan sencillo como eso. Nos vemos en las calles, nos vemos en las plazas y, por qué no, en 2015 nos vemos en las urnas.
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Gracias al Código Gallardón, el estadio de
La Peineta encuentra al fin su utilidad.
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