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lunes, 30 de septiembre de 2013
El Círculo de Empresaurios pide rebajar "excepcionalmente" el SMI para recortar el paro juvenil
El Círculo de Empresaurios pide rebajar "excepcionalmente" el SMI para recortar el paro juvenil
El Círculo de Empresaurios
considera que debe estudiarse la rebaja, "excepcionalmente", del salario mínimo
interprofesional (SMI), actualmente situado en 645,30 euros mensuales, para
ciertas contrataciones de jóvenes en paro, ya que ello actuaría como un
"estímulo directo" para las empresas.
Ésta es una de las
consideraciones que realiza la organización empresarial en un documento de
propuestas en el que pretende profundizar en la reforma laboral puesta en marcha
por el Gobierno del PP.
......
......
Aunque entiende que dicha
reforma está ayudando de "manera decisiva" a una menor destrucción de empleo y a
un cambio en las relaciones laborales, el Círculo opina que es necesario
profundizar en el camino reformista por la necesidad de una mayor competitividad
de las empresas españolas y los altos niveles de paro de la economía
española.
A tal fin, el Círculo de Empresarios plantea aglutinar los actuales modelos de contratación en sólo tres contratos: indefinido, contrato por necesidades empresariales (duración determinada) y contrato juvenil (formativo).
De acuerdo con su propuesta, estas modalidades podrían celebrarse a tiempo completo o parcial y las indemnizaciones por finalización de contrato tendrían que ser "similares" para "salvar la brecha" entre temporales e indefinidos.
Asimismo, la organización empresarial ve "imprescindible" introducir un contrato a tiempo parcial "más flexible", con reducción de costes de Seguridad Social y que incorpore sistemas de trabajo "intermitentes" o "por llamada". En este sentido, explica que el modelo 'on call', aunque ajeno a la legislación española, se da en otras legislaciones europeas.
El Círculo de Empresarios aboga además por una "profunda evaluación" de las políticas activas de empleo y una reordenación del gasto, "condicionando la percepción de prestaciones y subsidios a aceptaciones de ofertas de trabajo".
La organización empresarial reclama además políticas que liguen salarios y productividad, al tiempo que pide al Gobierno que cumpla con su compromiso de rebajar dos puntos las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Entre sus propuestas también se encuentra la de reorientar la formación continua, posibilitar que las mutuas puedan gestionar las altas y bajas en situaciones de invalidez temporal derivada de contingencias comunes, y reducir las cargas y restricciones de los microempleadores a la hora de contratar a trabajadores.
Por último, el Círculo propone profundizar en la reciente Estrategia de Empleo Juvenil, mediante la aprobación de medidas específicas contra el desempleo de los jóvenes "con mecanismos efectivos que ayuden a aliviar la situación y que involucren a diversos actores de la sociedad".
A tal fin, el Círculo de Empresarios plantea aglutinar los actuales modelos de contratación en sólo tres contratos: indefinido, contrato por necesidades empresariales (duración determinada) y contrato juvenil (formativo).
De acuerdo con su propuesta, estas modalidades podrían celebrarse a tiempo completo o parcial y las indemnizaciones por finalización de contrato tendrían que ser "similares" para "salvar la brecha" entre temporales e indefinidos.
Asimismo, la organización empresarial ve "imprescindible" introducir un contrato a tiempo parcial "más flexible", con reducción de costes de Seguridad Social y que incorpore sistemas de trabajo "intermitentes" o "por llamada". En este sentido, explica que el modelo 'on call', aunque ajeno a la legislación española, se da en otras legislaciones europeas.
El Círculo de Empresarios aboga además por una "profunda evaluación" de las políticas activas de empleo y una reordenación del gasto, "condicionando la percepción de prestaciones y subsidios a aceptaciones de ofertas de trabajo".
La organización empresarial reclama además políticas que liguen salarios y productividad, al tiempo que pide al Gobierno que cumpla con su compromiso de rebajar dos puntos las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Entre sus propuestas también se encuentra la de reorientar la formación continua, posibilitar que las mutuas puedan gestionar las altas y bajas en situaciones de invalidez temporal derivada de contingencias comunes, y reducir las cargas y restricciones de los microempleadores a la hora de contratar a trabajadores.
Por último, el Círculo propone profundizar en la reciente Estrategia de Empleo Juvenil, mediante la aprobación de medidas específicas contra el desempleo de los jóvenes "con mecanismos efectivos que ayuden a aliviar la situación y que involucren a diversos actores de la sociedad".
sábado, 28 de septiembre de 2013
viernes, 27 de septiembre de 2013
CGT llama a participar en las movilizaciones del 28 de septiembre
CGT llama a participar en las movilizaciones del 28 de septiembre
CATsa despide de forma improcedente a un trabajador por "baja productividad".
CATsa despide de forma improcedente a un trabajador por "baja productividad"
Desde la Sección Sindical de CGT en CATsa, informan:
El pasado mes de Julio, se celebró el juicio de la
compañera Inmaculada M.(componente de la Sección Sindical de CGT) que fue
despedida por baja productividad. Durante el juicio la empresa intentó demostrar
“lo mala trabajadora” que era nuestra compañera, durante estos dos últimos años,
(curiosamente desde que empezó a formar parte de CGT), las pruebas para
demostrar que el despido procedía, entre ellas: una gráfica y un testimonio por
parte de la empresa. Que fueron fundamentales… PARA
DEMOSTRARLE AL JUEZ QUE EL DESPIDO ERA IMPROCEDENTE, COMO INDICO EN SU SENTENCIA
Y OBLIGARLE A LA EMPRESA A READMITIR A LA TRABAJADORA A SU PUESTO DE TRABAJO O
INDEMNIZARLA CON LO QUE LE CORRESPONDE
Una gráfica en la que “supuestamente” se demostraba la baja productividad de la
trabajadora y que al llegar a manos del juez durante el juicio provocó que el
mismo también interrogara al testigo que aportaba la empresa: David
C.(Coordinador de la trabajadora antes de ser despedida), al que le
preguntó:
Cuáles eran las funciones que realizaba la trabajadora y tras su exposición del trabajo que se realiza en emisiones, el juez le pregunta por el valor de la gráfica aportada por la empresa, a lo que el coordinador le indica: que es la media de su grupo en finalizados horas y que sale de una hoja de Excel de mucho peso. El juez ante la contestación del testigo y valorar nuevamente la prueba del despido tuvo una reacción de incredulidad, por lo que tuvo que realizarle unas series de reflexiones y preguntas:
-¿La trabajadora se conecta al marcador que es automático y no es ella quien decide a que numero llamar, por lo que si un compañero atiende 50 llamadas en los que el cliente es receptivo y la trabajadora atiende el mismo número de llamadas que su compañeros pero hay tan solo 20 clientes receptivos, le baja la media del grupo? ¿Y eso se valora en esta grafica? .A lo que el coordinador entre titubeos respondió: SI Y NO, DEPENDE. Tras presionarle el juez para que contestara sin dudar, dijo que: SI. Por lo que el juez saco en conclusión y manifestó durante el juicio que la trabajadora era totalmente pasiva y no se puede valorar una baja productividad (y mucho menos en una gráfica que ni ellos saben de dónde sale), ya que es cuestión de la colaboración de los clientes, en este caso.
El juez reconoce en la Sentencia que el despido de la trabajadora no procede. La empresa obviamente ha preferido indemnizar a la trabajadora que ha readmitirla. Aun así, la compañera ha recurrido la sentencia al Tribunal Superior de Justicia, para que le den el despido NULO.
Cuáles eran las funciones que realizaba la trabajadora y tras su exposición del trabajo que se realiza en emisiones, el juez le pregunta por el valor de la gráfica aportada por la empresa, a lo que el coordinador le indica: que es la media de su grupo en finalizados horas y que sale de una hoja de Excel de mucho peso. El juez ante la contestación del testigo y valorar nuevamente la prueba del despido tuvo una reacción de incredulidad, por lo que tuvo que realizarle unas series de reflexiones y preguntas:
-¿La trabajadora se conecta al marcador que es automático y no es ella quien decide a que numero llamar, por lo que si un compañero atiende 50 llamadas en los que el cliente es receptivo y la trabajadora atiende el mismo número de llamadas que su compañeros pero hay tan solo 20 clientes receptivos, le baja la media del grupo? ¿Y eso se valora en esta grafica? .A lo que el coordinador entre titubeos respondió: SI Y NO, DEPENDE. Tras presionarle el juez para que contestara sin dudar, dijo que: SI. Por lo que el juez saco en conclusión y manifestó durante el juicio que la trabajadora era totalmente pasiva y no se puede valorar una baja productividad (y mucho menos en una gráfica que ni ellos saben de dónde sale), ya que es cuestión de la colaboración de los clientes, en este caso.
El juez reconoce en la Sentencia que el despido de la trabajadora no procede. La empresa obviamente ha preferido indemnizar a la trabajadora que ha readmitirla. Aun así, la compañera ha recurrido la sentencia al Tribunal Superior de Justicia, para que le den el despido NULO.
Una vez más, se le ha pegado un tirón de oreja a estos
cortijeros, por despedir a sus trabajadores sin tener motivos, ni
argumentos.
Sección Sindical CGT CATsa
Málaga
Banco de España advierte que la reforma laboral no frena el ritmo de destrucción de empleo
Banco de España advierte que la reforma laboral no frena el ritmo de destrucción de empleo
El Banco de España advierte de que la
reforma laboral, aprobada por el Gobierno, no ha frenado el ritmo de destrucción
de empleo, cuya intensidad “se ha comportado de manera semejante” a
como venía registrándose antes de 2012.
En el Boletín Económico del Banco de España
correspondiente a septiembre y que incluye un análisis específico sobre los
efectos de la última reforma laboral se indica que la tasa de creación de empleo
ha prolongado la tendencia descendente que se venía observando desde el inicio
de la crisis.
No obstante, resalta que este comportamiento está
vinculado a la “intensa caída de la actividad económica en 2012″.
Asimismo, añade que la tasa de
destrucción de empleo ha permanecido en niveles elevados en los últimos
trimestres, aunque tampoco se ha producido una aceleración
adicional.
Según el informe, la aprobación de la reforma del
mercado de trabajo ha mostrado un cierto impacto positivo “sobre el empleo neto”
que habría que asociar a la moderación salarial que ha provocado la
nueva ley, al mismo tiempo que advierte de que la mayoría de la contratación
sigue siendo temporal.
Fuente: Invertia
SITEL agrede a la CGT
SITEL agrede a la CGT
Decide despedir a una delegada sindical
El pasado día 30 de agosto, SITEL IBÉRICA nos da la noticia del despido
objetivo de nuestra delegada Mar Romero, por bajas médicas. A nuestra compañera
llevan queriendo sancionarla por cosas increíbles desde hace más de un año,
faltas que han tenido la respuesta de esta sección y del comité de empresa, y
como con estas artimañas no lo han conseguido ahora intentan aplicar la reforma
laboral a su antojo.
En un intento de hacer entender a la empresa que el motivo que ha puesto para
echar a la calle a nuestra compañera carece de fundamento, nos pusimos en
contacto con ellos tanto la sección sindical como el Sindicato de Transportes y
Comunicaciones para exigir la retirada de esta medida ya que estas bajas son
causa de una enfermedad de la que la empresa tiene conocimiento a través de la
trabajadora, de la mutua y de la seguridad social y la respuesta no deja de ser
una tomadura de pelo “tiene 9 días de baja en 2 meses”.
Esta es una maniobra más para desestabilizar a la sección sindical, una
muestra más de represión sindical hacia CGT, una forma más de intentar
desgastarnos, una agresión hacia la voluntad de los compañeros que han elegido
entre otros a Mar para que les represente, y una señal de que CGT molestamos, y
mucho, a SITEL.
Mar lleva perseguida por la empresa hace mas de 2 años, la han querido
sancionar por cualquier cosa (aux de baño, llamadas, etc…) y como no tuvieron
resultado que SITEL deseaba , han recurrido a lo mas indigno, despedirla por
tener una enfermedad y sufrir recaídas.
Ante esta muestra de terrorismo patronal y agresión hacia toda la
organización, CGT vamos a luchar con las herramientas legales y sindicales que
tenemos a nuestro alcance por conseguir que Mar Romero sea nuevamente
readmitida.
El viernes 20 de septiembre, nos hemos concentrado en las puertas de SITEL
para reivindicar no solo el despido de nuestra compañera Mar Romero, sino para
dejarle claro a la dirección de esta empresa que con la salud y los derechos de
los trabajadores no se juega.
Esta lucha no es solo por una representante de los trabajadores sino por
todos, ya que estar enfermo y recuperarse satisfactoriamente es un derecho que
SITEL nos quiere arrebatar únicamente para enriquecerse aun mas.
CGT ESTA EN GUERRA, CON LA SALUD DE LOS TRABAJADORES NO SE JUEGA
#MarRomeroReadmisionYA
jueves, 26 de septiembre de 2013
miércoles, 25 de septiembre de 2013
GSS: Mucha mala fe en la primera reunión del ERE
GSS:
Mucha mala fe en la primera reunión del ERE
La primera reunión del periodo de negociación del
ERE, que ha presentado GSS Line en Madrid, evidencia que la empresa da por
cerrado cualquier conversación antes de que se haya iniciado. Se niegan a dar
nombres de los trabajadores afectados, sólo han señalado los puestos de
estructura donde van a producirse los despidos; y tampoco han indicado los
criterios objetivos por los que van a extinguir los treinta y dos contratos de
trabajo que comprende este expediente.
Desconocemos el impacto económico que ha tenido
la modificación sustancial llevada a cabo hace unos meses. La empresa ha omitido
cualquier posibilidad de reubicar a personal de estructura en operaciones. Como
siempre, muestran sus tramposas cuentas de resultados, pero, hasta el momento,
la empresa no ha explicado qué coste ha tenido la renegociación de la deuda
financiera que tenía con los bancos, y que se ha resuelto a finales de Julio.
Falta documentación imprescindible y sobra mucha mala fe.
Nos han amenazado con sanciones de hasta siete
días de empleo y sueldo, si se nos ocurre repartir información del ERE en las
instalaciones de GSS. Naturalmente, CGT actuará como siempre. Repartirá un
comunicado por cada reunión que tengamos con la empresa acerca de este ERE. No
nos vamos a callar.
No, cuando nos consta que los únicos que saben
que están incluidos en el ERE son Rosario Laso y Javier Mercado, empleados que
pertenecen a la junta directiva de la empresa, y que disfrutan de un permiso
retribuido para buscarse otro trabajo; mientras, el resto de la plantilla de
estructura desconoce su situación actual.
No, cuando pretenden echar a la calle a un
trabajador del departamento de prevención, a pesar de que la ley establece dos
técnicos de este departamento por el volumen que tiene la empresa.
No, cuando hemos descubierto que quieren volver a
incluir, en este nuevo expediente, a un compañero que ya estuvo en el primer ERE
de hace un año. No, cuando quieren prescindir de casi todo el personal de
mantenimiento.
No, en definitiva, porque es otro de sus ERE´s
fraudulento y canalla.
La próxima reunión es el martes 1 de octubre. Os
seguiremos informado.
Sección Sindical GSS
Señor Gallardón: confieso que soy un criminal…y estoy orgulloso de ello
Señor Gallardón: confieso que soy un criminal…y estoy orgulloso de ello
Pues ya ve lo que son las cosas, señor Gallardón: soy
un criminal. Convicto y confeso. Yo, que nunca he militado en un partido
político, que no tengo antecedentes penales y que jamás he sido detenido,
merezco pasar 4 años y medio en prisión. 54 meses. 1.620 días.
Es algo que nunca hubiera pensado, y eso que en
los últimos años me he convertido en un montón de cosas que tampoco hubiese
imaginado hace no tanto tiempo. Me he convertido en un parado de larga duración
y me he convertido en un emigrante obligado. Pero lo de criminal, de verdad, sí
que no me lo esperaba. Y lo soy gracias a usted, y más en particular gracias a su reforma del código penal. Digo “su reforma” porque es
suya, que la gente que entiende de esto no
parece muy de acuerdo con su iniciativa.
Comencé a convertirme en un criminal, señor Gallardón, cuando el día 17 de mayo de 2011 me abrí una cuenta en Twitter. Cuarenta y ocho horas antes, centenares de miles de personas salimos a las calles para reclamar, entre otras cosas, que gente como usted no pudiera hacer cosas como esta reforma sin pasar antes por un control ciudadano. Y como en aquel momento todo parecía posible, nos quedamos en las plazas, nos organizamos y cada uno aportó lo que pudo y, a cambio, aprendió mucho más. En mi caso sobre redes sociales. Aprendí sobre cómo manejar cuentas colectivas, como coordinarse a través de pads, como levantar un streaming, como maximizar las herramientas que nos han dado, y les han quitado a ustedes, el monopolio del control de la información. En resumen, aprendí como contribuir a armarla parda en internet.
Como no se me daba mal, señor Gallardón, en estos últimos dos años y junto a un montón de gente, he llevado perfiles de Facebook y N-1, he editado páginas, me he metido en el mundillo meneame para maximizar el impacto de la información y he terminado con un Tweetdeck tan largo como el listado de puestos públicos que lleva usted desempeñando desde el lejano 1983. Mientras ayudaba a tuitear desahucios, hacía eventos para convocatorias, post sobre sentencias favorables o sencillamente corría por los andenes mientras la UIP barría la estación de Atocha, jamás tuve la sensación de estar haciendo algo delictivo. Al contrario: ejercía mi deber como ciudadano. Expresaba mi opinión y defendía mis ideas de manera siempre pacífica y consensuada por la asamblea en la que participaba. Ejercía, en resumen, la democracia en su acepción (al menos para mí) más comprometida y seria.
Por supuesto que mi limitado compromiso, como el de muchas más personas, ha tenido consecuencias: propuestas de sanción administrativas, con partes policiales realizados sin identificaciones previas, tirando de listas negras, con pantallazos de Facebook o fotografías en las que aparecemos diversas personas marcadas como justificación. Pero hasta ahora la ley les ha dejado fuera de juego, desestimando la inmensa mayoría de las sanciones impuestas. En mi caso, ni superaron las alegaciones que un grupo de abogadas -a las que en Valladolid estamos infinitamente agradecidos- presentaron en mi nombre.
Imagino que por eso, Sr. Gallardón, han decidido
ustedes hacer lo que mejor saben: cambiar las reglas del juego y, en el proceso,
cargarse una serie de pilares democráticos, como la libertad de opinión o el
derecho de libre manifestación. Y como el Código Penal es siempre impersonal, he
decidido ponerme como ejemplo de qué se lleva una persona sin antecedentes
penales como consecuencia de su pulsión punitiva.
Hagamos un rápido cálculo:
-Confieso haber infringido el recién modificado artículo 559 del Código Penal: He usado diversos perfiles colectivos y personales en redes sociales para difundir acciones, siempre pacíficas, de StopDesahucios, manifestaciones no comunicadas y ocupaciones de sucursales bancarias. Como además ha sido de forma continuada -y aún lo sigo haciendo desde la distancia-, entiendo que la suma de múltiples delitos del mismo tipo acarrearía la pena máxima, un año de prisión, suponiendo que acumulen cada uno de los episodios en un solo proceso.
-Confieso haber infringido el recién creado art. 557ter, porque junto otras personas, he ocupado (siempre pacíficamente) al menos tres sucursales bancarias (con el objeto de evitar desahucios) y la sede de la Consejería de Sanidad de Castilla y León (para protestar contra el cierre de 18 centros rurales de Urgencias nocturnas) en mi ciudad, durante y después de su horario de cierre. Además, con el agravante de incurrir en el apartado 3 del artículo 557bis: “Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas”. Esto supone cuatro delitos castigados con la pena superior prevista, 6 meses cada uno: en total, dos años de cárcel más.
-Por último, confieso haber infringido el también modificado artículo 550, porque en al menos tres ocasiones he rehusado educadamente seguir las indicaciones de los funcionarios de policía, como forma de resistencia pasiva y pacífica. Me he negado, con miles de personas, a desalojar una plaza. Me he negado, con decenas de personas, a bajar una tienda de campaña de un escenario (autorizado) en el que se conmemoraba, con tuna y todo, el primer aniversario de nuestra acampada. Me he negado, por último, a desalojar una acera en la que protestábamos contra la política de recortes de ministro Wert (acera ocupada también por otros ciudadanos, miembros del PP, que jaleaban al ministro haciendo un uso tan legítimo como el mío de su libertad de expresión y que no tuvieron problema alguno para quedarse). Como en la nueva redacción del 550 desaparece la distinción entre resistencia “activa” y resistencia “pasiva” me encuentro con otros tres delitos castigados con penas de 6 meses a 3 años de prisión cada uno. Presuponiendo que me encuentro con una jueza decente y me condena a la mínima, es un año y medio más.
En total, señor Gallardón, merezco -siempre según usted y sus secuaces- purgar una pena de cuatro años y medio de cárcel, lo que implica un ingreso inmediato en prisión.
Y no soy el único: hay miles de personas que, según su nueva definición, son también criminales. Así, señor Gallardón, mientras van pensando como reutilizar estadios olímpicos inacabados como centros de detención (y así matan dos pájaros de un tiro), también le digo que lo lleva usted claro. Lo llevan ustedes claro. Personalmente seguiré haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora, y pienso seguir violando sus leyes. Y no solo porque sean injustas e ilegítimas, señor Gallardón, sino porque, ahora más que nunca, es un deber cívico: o la democracia o ustedes. Es tan sencillo como eso. Nos vemos en las calles, nos vemos en las plazas y, por qué no, en 2015 nos vemos en las urnas.
Comencé a convertirme en un criminal, señor Gallardón, cuando el día 17 de mayo de 2011 me abrí una cuenta en Twitter. Cuarenta y ocho horas antes, centenares de miles de personas salimos a las calles para reclamar, entre otras cosas, que gente como usted no pudiera hacer cosas como esta reforma sin pasar antes por un control ciudadano. Y como en aquel momento todo parecía posible, nos quedamos en las plazas, nos organizamos y cada uno aportó lo que pudo y, a cambio, aprendió mucho más. En mi caso sobre redes sociales. Aprendí sobre cómo manejar cuentas colectivas, como coordinarse a través de pads, como levantar un streaming, como maximizar las herramientas que nos han dado, y les han quitado a ustedes, el monopolio del control de la información. En resumen, aprendí como contribuir a armarla parda en internet.
Como no se me daba mal, señor Gallardón, en estos últimos dos años y junto a un montón de gente, he llevado perfiles de Facebook y N-1, he editado páginas, me he metido en el mundillo meneame para maximizar el impacto de la información y he terminado con un Tweetdeck tan largo como el listado de puestos públicos que lleva usted desempeñando desde el lejano 1983. Mientras ayudaba a tuitear desahucios, hacía eventos para convocatorias, post sobre sentencias favorables o sencillamente corría por los andenes mientras la UIP barría la estación de Atocha, jamás tuve la sensación de estar haciendo algo delictivo. Al contrario: ejercía mi deber como ciudadano. Expresaba mi opinión y defendía mis ideas de manera siempre pacífica y consensuada por la asamblea en la que participaba. Ejercía, en resumen, la democracia en su acepción (al menos para mí) más comprometida y seria.
Por supuesto que mi limitado compromiso, como el de muchas más personas, ha tenido consecuencias: propuestas de sanción administrativas, con partes policiales realizados sin identificaciones previas, tirando de listas negras, con pantallazos de Facebook o fotografías en las que aparecemos diversas personas marcadas como justificación. Pero hasta ahora la ley les ha dejado fuera de juego, desestimando la inmensa mayoría de las sanciones impuestas. En mi caso, ni superaron las alegaciones que un grupo de abogadas -a las que en Valladolid estamos infinitamente agradecidos- presentaron en mi nombre.
¿Prevenir el blanqueo de dinero? ¿Luchar
contra la corrupción sistémica? ¡Tenemos cosas más importantes que
hacer!
Hagamos un rápido cálculo:
-Confieso haber infringido el recién modificado artículo 559 del Código Penal: He usado diversos perfiles colectivos y personales en redes sociales para difundir acciones, siempre pacíficas, de StopDesahucios, manifestaciones no comunicadas y ocupaciones de sucursales bancarias. Como además ha sido de forma continuada -y aún lo sigo haciendo desde la distancia-, entiendo que la suma de múltiples delitos del mismo tipo acarrearía la pena máxima, un año de prisión, suponiendo que acumulen cada uno de los episodios en un solo proceso.
-Confieso haber infringido el recién creado art. 557ter, porque junto otras personas, he ocupado (siempre pacíficamente) al menos tres sucursales bancarias (con el objeto de evitar desahucios) y la sede de la Consejería de Sanidad de Castilla y León (para protestar contra el cierre de 18 centros rurales de Urgencias nocturnas) en mi ciudad, durante y después de su horario de cierre. Además, con el agravante de incurrir en el apartado 3 del artículo 557bis: “Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas”. Esto supone cuatro delitos castigados con la pena superior prevista, 6 meses cada uno: en total, dos años de cárcel más.
-Por último, confieso haber infringido el también modificado artículo 550, porque en al menos tres ocasiones he rehusado educadamente seguir las indicaciones de los funcionarios de policía, como forma de resistencia pasiva y pacífica. Me he negado, con miles de personas, a desalojar una plaza. Me he negado, con decenas de personas, a bajar una tienda de campaña de un escenario (autorizado) en el que se conmemoraba, con tuna y todo, el primer aniversario de nuestra acampada. Me he negado, por último, a desalojar una acera en la que protestábamos contra la política de recortes de ministro Wert (acera ocupada también por otros ciudadanos, miembros del PP, que jaleaban al ministro haciendo un uso tan legítimo como el mío de su libertad de expresión y que no tuvieron problema alguno para quedarse). Como en la nueva redacción del 550 desaparece la distinción entre resistencia “activa” y resistencia “pasiva” me encuentro con otros tres delitos castigados con penas de 6 meses a 3 años de prisión cada uno. Presuponiendo que me encuentro con una jueza decente y me condena a la mínima, es un año y medio más.
En total, señor Gallardón, merezco -siempre según usted y sus secuaces- purgar una pena de cuatro años y medio de cárcel, lo que implica un ingreso inmediato en prisión.
Y no soy el único: hay miles de personas que, según su nueva definición, son también criminales. Así, señor Gallardón, mientras van pensando como reutilizar estadios olímpicos inacabados como centros de detención (y así matan dos pájaros de un tiro), también le digo que lo lleva usted claro. Lo llevan ustedes claro. Personalmente seguiré haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora, y pienso seguir violando sus leyes. Y no solo porque sean injustas e ilegítimas, señor Gallardón, sino porque, ahora más que nunca, es un deber cívico: o la democracia o ustedes. Es tan sencillo como eso. Nos vemos en las calles, nos vemos en las plazas y, por qué no, en 2015 nos vemos en las urnas.
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Gracias al Código Gallardón, el estadio de
La Peineta encuentra al fin su utilidad.
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Imputados altos cargos de ADIF por "grave falta de diligencia" en el accidente de Santiago
Imputados altos cargos de ADIF por "grave falta de diligencia" en el accidente de Santiago
El Juez Imputa a un total de 23 cargos de Adif, entre
ellos los miembros de su Consejo de Administración, desde que se inauguró el
tramo hasta el momento del siniestro. Hay tres expresidentes de ADIF en ese
grupo. Acusados de permitir un cambio en el sistema de seguridad en tramo del
accidente.
El juez Luis Aláez ha citado a declarar como imputados a un total
de 23 cargos de Adif en relación al accidente ferroviario registrado en Santiago
de Compostela el pasado 24 de julio. Entre los imputados figuran el actual
presidente del gestor de infraestructuras, Gonzalo Ferre, y sus dos antecesores,
Enrique Verdeguer y Antonio González Marín.
En su auto, Aláez justifica su decisión afirmando que "ha habido,
cuando menos, una grave falta de diligencia" por parte de los responsables del
gestor de infraestructuras al "permitir que en un tramo muy delicado para la
circulación de una línea de Alta Velocidad (...) se sustituyese un sistema (...)
que da respuesta ante el error humano por otro que se demuestra inválido (...)
para garantizar una circulación segura sin acompañarlo de ninguna medida
adicional".
El resto de nuevos imputados, citados a declarar entre el 9 de
octubre y el 11 de diciembre, se corresponden con los responsables de los cargos
de Director de Seguridad en la Circulación, Gerente del Área de Seguridad en la
Circulación Noroeste, Jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en
la Circulación-Noroeste e inspectores de esta jefatura desde que se inauguró el
tramo en el que tuvo lugar el siniestro.
Asimismo, figuran también como imputados los vocales del Consejo de
Administración desde la misma fecha y los tres últimos presidentes del ente.
Estas 23 nuevas imputaciones se suman así a los primeros cinco cargos del ente
imputados, que ya prestaron declaración ante el juez.
Más de medio centenar de personas en apoyo a Mar Romero
Más de medio centenar de personas en apoyo a Mar Romero
Mas de medio centenar de personas apoyamos a la compañera Mar Romero en la
concentración por su readmisión. Os recordamos que esta compañera fue despedida
por defender tus derechos y no pararemos hasta su readmisión.
Si nos tocan a un@
nos tocan a tod@s.
martes, 24 de septiembre de 2013
lunes, 23 de septiembre de 2013
El Supremo considera que los despidos afectan a derechos fundamentales
TRIBUNALES | A partir del caso de un
teleoperador
El Supremo considera que los despidos afectan a derechos fundamentales
El Tribunal Supremo ha determinado en una reciente sentencia relativa al
despido de un trabajador que estos casos deben ser examinados desde la
perspectiva de los derechos fundamentales, por lo que ha obligado al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a repetir un fallo en el que no admitía
esta tesis.
La sentencia del Supremo revisa otras de 2011 y 2012 dictadas primero por los
Juzgados de lo Social y luego por el TSJA y relativas a un teleoperador,
Jordi M.L.C., que prestaba su trabajo por 42 euros al día en la empresa
Servinform.
Esta compañía tenía a su vez suscrito un contrato de servicios informáticos y
atención telefónica con CMS y Cajasol, en función de lo cual el trabajador
desarrollaba sus jornadas laborales siempre en las dependencias de
Cajasol y supervisaba su actividad, horarios y vacaciones, que
coordinaba con otros miembros de la plantilla de la caja.
Así, el trabajador demandó a estas empresas por cesión
ilegal y un juzgado le reconoció el derecho a ser personal fijo de
Cajasol. Sin embargo, al mismo tiempo que esto sucedía Cajasol y CMS
rescindieron su acuerdo con Servinform, la cual a su vez despidió a Jordi
M.L.C.
El trabajador acudió de nuevo a los tribunales, primero a los Juzgados de lo
Social y luego al TSJA, que acogieron su demanda pero sólo obligaron a
Servinform, pero no a Cajasol, a readmitirlo.
El demandante acudió entonces al Supremo que finalmente le ha dado la razón,
al admitir su argumento de que el caso debe ser revisado desde la perspectiva de
los derechos fundamentales y ha obligado al TSJA a repetir su sentencia
siguiendo este criterio.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/21/economia/1379761614.html
EFE / MADRID
sábado, 21 de septiembre de 2013
ERE en GSS Line: La historia se repite
ERE
en GSS Line: La historia se repite
Como si de un mal sueño se tratara, los miembros del comité
de empresa recibimos el pasado martes 17, la noticia de que la dirección de GSS
ha decidido prescindir de 32 compañeros que trabajan para nuestra compañía. 32
trabajadores, que no han hecho nada mal en su trabajo, que son eficientes y
productivos, pero a los que la dirección de GSS ha decidido despedir para poder
alcanzar los objetivos que se ha marcado en sus agendas los dueños de la
empresa.
Parece que estas sanguijuelas, los accionistas de GSS, no
tienen suficiente con la bajada de sueldo que efectuaron a una parte importante
de la estructura de la empresa hace pocos meses. Tampoco tienen suficiente con
el más de centenar de despidos que se han producido en el año 2013 en Madrid.
Esta gente quiere más y más. Según los datos que aportó hace muy pocos meses la
dirección financiera de la compañía, los recortes efectuados con la unificación
de todos los centros de Madrid en el nuevo centro de la Avenida de la Albufera,
más la bajada de sueldos efectuada, más los múltiples despidos por razones
“objetivas” eran más que suficiente para que la empresa fuera viable y entrara
en beneficios. Por si fuera poco, la empresa refinanció su deuda el pasado 30 de
Julio, cuestión que genera muchas dificultes a otras empresas, y que GSS ha
superado.
Demostración de que tienen dinero para lo que les interesa
es que siguen expandiéndose y tienen previsto aperturas de un centro de trabajo
en Calatayud en los próximos meses en el que van a contratar a más de 100 nuevos
trabajadores. Por todo lo expuesto, CGT considera que esto es un nuevo capítulo
de las decisiones vergonzosas de los carroñeros que dirigen esta compañía.
Pretenden dejar en el paro a 32 trabajadores, para que ellos
anticipen sus beneficios. Eso, si no renuncian a sus coches de renting, sus
tarjetas de crédito, sus salarios de decenas de miles de euros y sus vergonzosas
comilonas en restaurantes de lujo a cargo de las cuentas de GSS.
CGT va hacer lo que ha hecho siempre. Va a enfrentar la
realidad a la mentira, va a desenmascarar a estos sinvergüenzas y va a dar
herramientas a todos los trabajadores que quieran para que luchen y para que se
protejan de los ataques de estas cucarachas.
La historia se repite. Hace un año el TSJM dijo que un ERE
presentado por estos impresentables era absolutamente injustificado, el tribunal
dijo entonces en la sentencia “ Las causas legales y objetivas no existen. Lo
que si existen son otros hechos: amortización de puestos de trabajo y simultanea
creación de nuevos puestos con masiva contratación de trabajadores ajenos” La
sentencia dejó demostrado que la empresa había presentado datos provisionales
con el objeto de aparentar una situación de extrema urgencia que era falsa. Nos
intentaron engañar entonces (y no coló) y ahora lo vuelven a intentar.
Ayer viernes 20 de Septiembre nos entregaron toda la
documentación, que vamos a estudiar junto con nuestra asesoría jurídica de
manera inmediata. El próximo día 25 de septiembre empieza la negociación y CGT
irá informando puntualmente tras cada una de las reuniones como hicimos en su
día. Los trabajadores serán los primeros en conocer qué es lo que pretenden los
dueños de la compañía.
CGT paraliza el traslado de los 150 trabajadores de Golden-Konecta
CGT paraliza el traslado de los 150 trabajadores de Golden-Konecta de Torrelavega al centro de Vodafone en Valladolid
Enfermos de cáncer, leucemia o hepatitis crónica pagarán el 10% de su medicación hospitalaria
Enfermos de cáncer, leucemia o hepatitis crónica pagarán el 10% de su medicación hospitalaria
Los medicamentos de dispensación ambulatoria en el
hospital, es decir aquellos que "sin tener la calificación de uso hospitalario"
sólo se dispensan a pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de
los hospitales, quedarán sometidos a partir del 1 de octubre para su
dispensación al copago farmacéutico, con un límite de aportación reducida. Desde
el departamento que dirige Ana Mato explican a Europa Press, que no se incluyen
los medicamentos de uso hospitalario, como es el caso de los antirretrovirales
para el VIH que, por lo tanto, "no tendrán aportación" por parte del
paciente.
La resolución del 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que publicó el
jueves el Boletín
Oficial del Estado, es una medida ya se anunció hace unos meses y que
viene motivada por la necesidad de que todas las comunidades, "que
son las que lo tienen que ponerla en vigor", utilicen la asignación de
aportación reducida para estos fármacos. "Se ha comprobado que no todos los
fármacos dispensados tenían esta consideración y antes de que las CCAA lo pongan
en vigor el Ministerio de Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los
medicamentos serán de aportación reducida", han añadido.
En total en el BOE se recogen 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 50 medicamentos que, según señala, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".
Entre los fármacos incluidos se encuentra medicamentos para retrasar la progresión en cáncer de mama avanzado como el Afinitor o el Tyverb, para tratar el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos como el Votrient; o para en el tratamiento de tumores cerebrales como el Temodal; además de otros tantos fármacos prescritos para la leucemia mieloide crónica (LMC), el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma gastrointestinal (GIST), para reproducción asistida (http://www.publico.es/459346/mato-no-creo-que-la-falta-de-varon-sea-un-problema-medico), la artritis reumatoide, la degeneración macular o la hepatitis C crónica, entre otros. Además, se incluye dentro de la lista el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG) Mirena, que es un sistema anticonceptivo; y, por otro lado, Lactest indicado para diagnóstico de la intolerancia a la lactosa.
La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10% del PVP del medicamento, con un máximo actualmente fijado en 4,20 euros, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. "Esto significa que si el medicamento cuesta 30 euros la aportación será de 3 euros, pero si el medicamento cuesta 100 euros la aportación no será más de 4,20 euros porque ese es el tope", añaden.
En el caso excepcional de que no ajuste al envase comercial, el cálculo de la aportación se realizará de forma proporcional a la medicación dispensada. De esta forma, el cálculo de la aportación reducida en estos supuestos será el 10% del PVP del medicamento dispensado hasta un máximo de 4,20 euros por envase, y sobre la aportación que corresponda a la dispensación del envase completo, se calculará la proporción que corresponda a la medicación dispensada.
En el motivo de la resolución, recuerda que "las características de gravedad y cronicidad de las patologías en que están indicados los medicamentos", que ahora serán incluidos el en la aportación farmacéutica, "aconsejan que la aportación por parte del beneficiario sea reducida pues de otro modo se producirían situaciones de inequidad por comparación a los medicamentos de aportación reducida que se dispensan habitualmente en las oficinas de farmacia".
De este modo se cumple el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, con el objeto de equiparar las dispensaciones mediante receta médica y orden de dispensación hospitalaria a efectos de la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
En total en el BOE se recogen 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 50 medicamentos que, según señala, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".
Entre los fármacos incluidos se encuentra medicamentos para retrasar la progresión en cáncer de mama avanzado como el Afinitor o el Tyverb, para tratar el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos como el Votrient; o para en el tratamiento de tumores cerebrales como el Temodal; además de otros tantos fármacos prescritos para la leucemia mieloide crónica (LMC), el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma gastrointestinal (GIST), para reproducción asistida (http://www.publico.es/459346/mato-no-creo-que-la-falta-de-varon-sea-un-problema-medico), la artritis reumatoide, la degeneración macular o la hepatitis C crónica, entre otros. Además, se incluye dentro de la lista el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG) Mirena, que es un sistema anticonceptivo; y, por otro lado, Lactest indicado para diagnóstico de la intolerancia a la lactosa.
La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10% del PVP del medicamento, con un máximo actualmente fijado en 4,20 euros, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. "Esto significa que si el medicamento cuesta 30 euros la aportación será de 3 euros, pero si el medicamento cuesta 100 euros la aportación no será más de 4,20 euros porque ese es el tope", añaden.
En el caso excepcional de que no ajuste al envase comercial, el cálculo de la aportación se realizará de forma proporcional a la medicación dispensada. De esta forma, el cálculo de la aportación reducida en estos supuestos será el 10% del PVP del medicamento dispensado hasta un máximo de 4,20 euros por envase, y sobre la aportación que corresponda a la dispensación del envase completo, se calculará la proporción que corresponda a la medicación dispensada.
En el motivo de la resolución, recuerda que "las características de gravedad y cronicidad de las patologías en que están indicados los medicamentos", que ahora serán incluidos el en la aportación farmacéutica, "aconsejan que la aportación por parte del beneficiario sea reducida pues de otro modo se producirían situaciones de inequidad por comparación a los medicamentos de aportación reducida que se dispensan habitualmente en las oficinas de farmacia".
De este modo se cumple el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, con el objeto de equiparar las dispensaciones mediante receta médica y orden de dispensación hospitalaria a efectos de la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
En su gran mayoría, se trata de medicamentos que sin tener la calificación de uso hospitalario tienen establecidas reservas singulares en el ámbito del SNS consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales, pero pertenecen a grupos terapéuticos considerados de aportación reducida. No obstante, añade la disposición, "algunos de ellos pertenecen a grupos terapéuticos que no la tienen asignada. En estos casos, aunque sean medicamentos que cumplían las condiciones para ser considerados de aportación reducida, no había resultado necesario su reconocimiento expreso dado que estos tratamientos estaban exentos de aportación".
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