Trabajadores de usar y tirar
El drama del desempleo esconde la realidad silenciada de la explotación laboral y el abuso, fenómenos que se recrudecen en tiempos de crisis
Hay un drama silencioso y silenciado que convive con el drama del desempleo.
Se llama explotación laboral. En muchos centros de trabajo, la gente se ha
acostumbrado a tenerlo sentado a su lado. La crisis hace que prolifere una casta
de empleadores sin escrúpulos que aprovechan la coyuntura para exprimir y
explotar a las personas a su cargo. De cada 100 inspecciones llevadas a cabo por
Trabajo a lo largo de 2012 (datos a 30 de noviembre), en un 23,9% de los casos
se detectaron irregularidades (las situaciones de explotación laboral son
simplemente una parte del largo catálogo de irregularidades). En el sector de la
hostelería, el registro se acerca al 30%.
“En España hay un serio problema de concienciación social”, dice en su
despacho del Ministerio de Empleo Juan José Camino Frías, subdirector general
para la Inspección
en materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración. “Hay una
excesiva tolerancia que es de extrema gravedad”, dice en referencia a las
múltiples irregularidades que se producen. Se queja tanto por el atentado que
suponen contra los derechos de los trabajadores, como por la cantidad de
cotizaciones sociales que no son abonadas y que servirían, entre otras cosas,
para poder hacer frente a los crecientes pagos en materia de prestaciones de
desempleo.
La
crisis alumbra una era de trabajadores cada vez más indefensos, utilizados
como kleenex de usar y tirar. El drama de la explotación laboral sucede
en silencio. Los trabajadores no quieren denunciar por miedo a perder esa
preciada conquista, cada día más valiosa: el empleo. Casi todos los empleados
entrevistados para este reportaje (menos dos) declinaron aparecer en fotografías
y pidieron figurar con las iniciales. No quieren presentarse como díscolos. Por
miedo a perder su trabajo. Por miedo a que en el futuro no les quieran emplear.
Por miedo a estos tiempos de empleadores con la sartén por el mango.
» Niñera en La Moraleja por 400 euros
J. es dominicana y lleva 24 años en España. Vive en una casa sin luz ni gas
por falta de pago. Gracias al apoyo de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, consiguió paralizar su desahucio el pasado mes de octubre. Poco
antes de navidades, un día, al salir de la iglesia, una mujer le dijo que sabía
de una oferta de trabajo y le facilitó un número de teléfono. La empleadora era
una habitante de la exclusiva urbanización de La Moraleja, a las afueras de
Madrid.
J. llamó. La oferta consistía en cuidar a un niño de siete años, desde las
15.00 a las 00.30 (el último autobús de La Moraleja al centro de Madrid, cuenta
J., sale a las 23.30), seis días a la semana. La empleadora le ofrecía librar un
día por semana; pero aleatoriamente; no un día fijo, cada semana, uno distinto.
La retribución: 400 euros al mes. “Esa mujer se estaba aprovechando de la
situación de desesperación en que nos encontramos muchas personas extranjeras
sin papeles”, cuenta J. bajo la carpa instalada frente a las oficinas centrales
de Bankia en Madrid. “Si vive en La Moraleja, es porque gana bien”.
Tal es la necesidad de ingresos de J. que, a pesar de aceptar que el trabajo
le suponía no poder cuidar por las tardes a su hija de 13 años, le dijo que le
parecía muy poco dinero y que debería pagarle al menos 500 euros. “La mujer,
enfadada, me colgó”.
» Las 14 horas del cocinero
Jesús Portillo lleva 30 años trabajando en la hostelería, desde los 16. Le
han hecho perrerías de todos los colores. De entre las recientes, la más
sangrante que recuerda fue la oferta que le hicieron en la franquicia de una
conocida cadena de bares de tapas. El dueño estaba a punto de abrir un nuevo
establecimiento de esta franquicia y necesitaba cocinero. Portillo, extremeño
afincado en Barcelona de 46 años, se presentó a la entrevista de trabajo. Le
ofrecían 600 euros al mes por una jornada de entre 12 y 14 horas. Le harían un
contrato de media jornada, cuatro horas al día. Más adelante, si la cosa iba
bien, renegociarían condiciones, le dijeron.
Para incorporarse a la cadena tenía que seguir un cursillo en uno de los
establecimientos de la cadena sito en Cornellà de Llobregat. Allí vivió uno de
los procesos de selección más abusivos que recuerda.
A Jesús le ofrecieron la semana pasada un puesto con jornada de 18 horas, seis días por semana, lunes a sábado
“El curso era, básicamente, trabajar gratis tres días en el establecimiento”,
recuerda. Quince personas se presentaron al presunto curso de formación. La jefa
no paraba de chillar a los candidatos que empezaban a empanar y freír tapas.
Cinco candidatos se fueron a la media hora, hartos de recibir gritos. A la hora
empezaron a llegar clientes. “Más deprisa, más deprisa”, apremiaba la capataz.
Tres chicas con poca experiencia abandonaron, hartas de recibir insultos. Para
cuando el bar estaba lleno, de los 15 ya solo quedaban cuatro. De ellos, tres,
entre los que se encontraba Jesús Portillo, abandonaron antes de acabar el día.
“Pero esta vez fuimos nosotros los que insultamos a la dueña”.
Al día siguiente, el propietario de la nueva franquicia se disculpó ante
Portillo y le dijo que las cosas no funcionarían así en su local. El primer día
trabajó 14 horas. Al final de la jornada, el propietario le pagó 20 euros, la
parte proporcional correspondiente a su contrato de 600 euros: 20 euros por 14
horas de trabajo.
Por jornadas como las que le proponían, dice, se deberían pagar entre 1.200 y
1.300 euros; no 600. “Eso no es explotación, eso se llama esclavismo”,
manifiesta, indignado, por teléfono.
Jesús Portillo lleva siete meses sin cobrar un euro y dos años en paro. Su
mujer, que trabajaba en un ambulatorio, también está desempleada. La semana
pasada le ofrecieron un trabajo en el que le pagaban 1.300 euros al mes, sí;
pero por 18 horas de trabajo; de siete de la mañana a una de la madrugada; seis
días a la semana, de lunes a sábado. Conoce a un chico ecuatoriano de su barrio,
Nou Barris (Barcelona), que acepta cobrar 300 euros al mes por trabajar como
camarero la jornada laboral entera. “Esta es la realidad laboral que vivimos:
explotación, humillación, mafia, extorsión”.
» El guardia de seguridad que no ha cobrado en seis
meses
Manuel Chicharro tiene 50 años y ya no aguanta más. Es guarda de seguridad
desde 1988 y ha visto de todo: compañeros en empresas de seguridad que recibían
cuatro euros por hora; gente trabajando sin contrato... En el puesto que ocupó
hace unos años en un conocido museo de Madrid, recuerda, se tenía que llevar a
su hijo durante su turno porque no le permitían librar el fin de semana (algo a
lo que tenía derecho por ley; está separado). Pero nada comparado con quedarse
sin cobrar durante seis meses consecutivos.
Manuel está hundido. Va camino de siete meses sin ingresar un euro, sin poder
pasar la pensión de 400 euros a su exmujer, siete meses viviendo de lo que
ingresa su compañera. “El drama es que no hay cobertura para el obrero”, dice
cerca de una oficina del INEM en Alcorcón, a las afueras de Madrid. “Y las
instituciones colaboran en este proceso que no hace otra cosa que hundir a las
personas”. Su caso es extremo, refleja la indefensión de un trabajador cuando su
empresa quiebra. Refleja esa era del trabajador de usar y tirar.
Manuel Chicharro trabajaba como guarda en el Centro de Formación Primero de
Mayo de Leganés. El 1 de enero de 2012, hace ahora algo más de un año, la
empresa para la que llevaba trabajando 12 años (Ariete) le subrogó (como ocurre
muy a menudo en el sector de seguridad, explica). Pasó a estar en nómina de otra
empresa, ESABE,
cuya cúpula directiva fue detenida el pasado 20 de diciembre, acusada, entre
otros delitos, de un fraude de 30 millones de euros a la Seguridad
Social.
Numerosos empleados de ESABE vivieron una auténtica pesadilla los últimos
seis meses de 2012: “Imagina lo que es no cobrar, mes a mes, durante cinco
meses, pero tener que ir a trabajar cada día porque si no te despiden”. Manuel
aguantaba, esperando a ser nuevamente subrogado a otra empresa.
Pero no fue así, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de sus
compañeros, que fueron integrados en Prosegur. A pesar de tener 12 años de
antigüedad en la anterior empresa, necesitaba haber trabajado siete meses en
ESABE para poder ser subrogado de nuevo, explica. Le faltaban 25 días para
llegar a esos siete meses. Ahora, ni cobra lo que le deben ni trabaja, ni tiene
opción. Por ahora, a cobrar el paro.
“Las Administraciones públicas recurren a empresas que les salen baratas,
pero lo barato sale caro”, dice, indignado. Cita su caso, y el de Madrid Arena.
“Ya no se contrata a profesionales de la seguridad, se va a lo barato y luego
pasa lo que pasa”. Dice que en las Administraciones públicas contratan a
empresas de seguridad para que hagan el trabajo que los policías municipales o
los fijos de plantilla no quieren hacer: “Nos tienen de porteros, de conserjes,
y todo para que la gente, que muchas veces nos pide que fichemos por ellos,
pueda escaquearse de sus puestos”.
» Pagar por un proceso de selección
El caso de R., mujer de 34 años, no es de explotación laboral. Más bien,
ilustra de lo que son capaces algunos a la hora de aprovecharse de la necesidad
de tener un trabajo.
El año pasado, en mayo, vio una oferta en la página de la web Infojobs. Se
inscribió. La empresa pedía que entregara el currículo en mano en unas oficinas.
Para allá que se fue.
Al llegar a las dependencias de la empresa, situadas en un polígono entre
Aldaia y Torrent (Valencia), vio que a la entrada no había ningún cartel. “Me
pareció raro”. Entró en la nave y vio a seis chicas esperando. De un pequeño
despacho salió una mujer que le entregó un formulario. En él se señalaba la
fecha de inicio del proceso de selección: el 25 de junio. Para poder participar
había que abonar 50 euros. “¡Pagar por un proceso de selección! Salí muy
enfadada, era una tomadura de pelo”.
¡Pagar por un proceso de selección! Salí muy enfadada, era una tomadura de pelo”, recuerda R., de 34 años
Como R. no es de quedarse de brazos cruzados, habló con la policía, con
organizaciones de consumidores, con la Consejería de Empleo de la Generalitat
valenciana, y con Infojobs, que no tardó en retirar el anuncio. “No hubo proceso
de selección el 25 de junio”, concluye.
En julio recibió una carta de la empresa: le comunicaban que había sido
descartada en el proceso de selección.
» Repartiendo pizzas a la hora que toque
L. no se queja. En realidad, lo de cobrar 210 euros al mes repartiendo pizzas
no le parece tan mal. Le incomoda no saber a qué hora le tocará repartir al día
siguiente, puede ser en cualquier momento, pero se adapta. Él solo sabe que
trabajará dos horas cada día repartiendo pizzas; su empresa sabe que tiene un
ejército de trabajadores volantes a los que usar a su antojo en el momento que
quiera.
Para conseguir que le den más horas de trabajo, tiene que subir la media de
repartos del día. En las oficinas hay una lista con el ranking de
repartidores. “Hay competencia entre nosotros. Si yo gano horas, se las quito a
algún compañero”, dice este dominicano de 25 años en una cafetería del centro de
Madrid.
Prefiere esto a aquella empresa de perritos calientes a domicilio en la que
trabajó y en la que le pagaban según el dinero que iba entrando en caja. Con
jornadas de 13 horas. “Cogía el pedido por teléfono, lo cocinaba y lo llevaba a
domicilio”. Un día le pagaban 100 euros; tres días más tarde, 150. Así hasta
completar los 800 euros que representaba su paga. La mitad, en
negro.
» El eterno becario
J. le echa la culpa a las Universidades. Dice que son cómplices de la
situación de toda una generación. “Tenemos que pagar para poder ser becarios y
cobrar 200 euros”, se lamenta este licenciado en Periodismo de 23 años. Y
explica cómo muchos medios de comunicación hacen entender a los estudiantes
recién salidos del horno que es bueno que mantengan alguna relación con
la Universidad para poder acceder a unas prácticas. “Hay alumnos que se dejan
una asignatura pendiente a propósito para poder así optar a prácticas”, explica
en una cafetería de Leganés. “Luego trabajas como uno más en la redacción y te
das cuenta de que, en realidad, estás ahí sustituyendo a alguien. Produces como
uno más, pero sin remuneración, sin derechos. Te regalan los oídos, técnicamente
te pueden conceder dos becas, y cuando vuelves a la calle, te das cuenta de que
no tienes un solo día cotizado en la Seguridad Social”.
Las empresas (y no solo las periodísticas, pues, según él, ocurre con
compañeros suyos que son físicos o químicos) ya no buscan licenciados, buscan
estudiantes. “La Universidad es el principal motor de todo esto. Las empresas se
aprovechan, pero es la Universidad la que debería salir en defensa de sus
alumnos”.
» El inmigrante que mira a Ecuador
R. es un ecuatoriano de 42 años que lleva 14 en España. Está pensando en
hacer las maletas y regresar a su país. Lo cuenta bajo una lluvia fina a la
salida de la oficina de empleo del INEM del paseo de la Esperanza, Madrid.
Trabajó durante nueve años en una empresa de la construcción. Al principio
todo iba bien. Hace dos años, le redujeron el sueldo de 1.300 a 1.100 euros.
Después le dijeron que siguiera trabajando, pero que le despedían para que
pudiera cobrar el paro y se lo complementaban con 600 euros al mes en
negro. El año pasado le recontrataron: aunque trabajaba a jornada
completa, le hicieron contrato de media jornada. “Me he sentido explotado. Pero
si no aceptaba el trabajo, alguna otra persona lo iba a aceptar. Con tal de no
estar en casa, uno acepta lo que sea: algo es mejor que nada”.
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