Los despidos y la reforma laboral
Los sindicatos calculan que, viendo los anuncios y los planes de las grandes
empresas españolas, a lo largo del primer semestre del año se perderán unos
50.000 puestos de trabajo en aplicación de expedientes de regulación de empleo
(ERE). Además de estos despidos se producirán reducciones salariales y de
jornada laboral en una cuantía imposible de calcular en estos
momentos.
El sector financiero, con Bankia a la cabeza, Iberia y Vodafone son los casos
más importantes. Después vendrán más empresas del sector público, como
Telemadrid.
Las perspectivas son coherentes con lo que pasó el año pasado: hasta
octubre se presentaron el 70% más de ERE que en el mismo periodo del año
anterior y afectaron-entre despidos y regulaciones-374773 personas, el 53,4%
más.
La misma evolución de la economía, tan negativa, y las expectativas que había
levantado entre los empresarios la reforma laboral del Gobierno del PP explican
este incremento tan notable de los expedientes. Una de las grandes novedades de
la reforma es la derogación del permiso administrativo previo para sacar
adelante un ERE, una vieja reclamación de la patronal.
Pero, como era de
esperar, la no intervención administrativa en la primera fase ha traído un
incremento del arbitraje, las consultas y la mediación de la autoridad laboral a
posteriori. Y también un incremento notable de los casos que llegan a los
tribunales, donde los abogados de las empresas no han obtenido los resultados
que esperaban.
Se quejan de que los magistrados se siguen pronunciando a favor de los
trabajadores. De estas quejas han nacido las peticiones para que el Gobierno
vuelva a modificar la ley. Una de las peticiones más antiguas de la patronal
consiste en reducir la discrecionalidad de los magistrados, algo que en
principio se había conseguido con la reforma, que acota y precisa mucho más las
causas económicas de los despidos objetivos. Sin embargo, los letrados, que
rechazan haber calculado mal los efectos de la reforma, denuncian inseguridad
jurídica ante los tribunales.
Habrá que ver si el Gobierno accede a reducir el margen de interpretación de
los jueces, que suelen rechazar los ERE con argumentos como documentación
insuficiente, vulneración del derecho a la negociación colectiva y la omisión de
requisitos formales, o permite que la ley tenga su rodaje y madure.
