Los jueces critican que la reforma laboral traslada los riesgos al trabajador
Con la reforma laboral operada por el Gobierno en 2012 “se ha hecho una apuesta decidida por la empresa que ha producido un desplazamiento del riesgo al trabajador”. Así lo denunció ayer Ricardo Bodas Martín, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que aseguró que con la crisis económica “se ha optado porque una parte esencial de ese coste lo paguen los trabajadores”.
Durante su intervención en el I Congreso de la Abogacía Madrileña, que se clausuró hace unos días, el magistrado aseguró que “el derecho del trabajo ha tenido una evolución que no va en la línea de su objetivo inicial de buscar equilibrio entre empresa y trabajador”. Ahora bien, dicho esto, matizó que “los jueces no estamos para legislar, sino para aplicar las leyes”.
En la misma línea, Juan Miguel Torres Andrés, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sostuvo que “la reforma no ha conseguido el objetivo que pretendía y está favoreciendo a las grandes empresas y especialmente al sector público”. El magistrado aseguró que “estamos andando sobre terrenos resbaladizos” y que la normativa de Derecho Laboral “se ha complicado mucho”. A veces es difícil, dijo, “no sólo entender un precepto, sino incluso saber cuál es el que hay que aplicar”. Y añadió que “la inseguridad jurídica es mucho mayor para todos los operadores jurídicos”.
Por su parte, Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, denunció el “atraso insoportable en la Jurisdicción Social que, tradicionalmente ha sido ágil”. Actualmente, “la capacidad de respuesta está entre 2 o 3 años, algo verdaderamente inasumible”, sostuvo la magistrada.
El problema, concluyó, es que con la crisis económica se han incrementado los despidos, reclamaciones de cantidad, etc. Un incremento de trabajo que no ha ido de la mano con una mayor dotación de los juzgados.
Legislar con prudencia
Durante la mesa dedicada a la Propiedad Intelectual, Carlos López Sánchez, secretario general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), lamentó que la reciente reforma operada con la Ley 21/2014 “ha pecado de cierta inoportunidad” y aseguró que, a la hora de legislar “hay que tener prudencia”. Y es que no transpone la Directiva 2014/26 relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y a la concesión de licencias multiterritoriales, que entró en vigor el 30 de marzo, tan sólo un mes después que la Ley española. Lamentó que, en consecuencia, la Disposición Final 4ª de la Ley, emplaza al Gobierno a iniciar, en el plazo de un año, los preparativos necesarios para llevar a cabo una reforma integral de la propia norma.
Cuestionó asimismo el encaje legal del pago del canon digital vía Presupuestos Generales del Estado que introdujo la Ley de 2014, como respuesta a la sentencia Padawan en la que el Tribunal de Justicia europeo declaró ilegal gravar los dispositivos con independencia del destinatario final. El de ahora, es un sistema “absolutamente extraño en la UE” y que, a juicio de López, sigue siendo contrario al Derecho comunitario.
Fuente: elEconomista.es
