Los grandes consultores usan las sentencias contrarias para crear el manual del buen ERE
Sagardoy, padre de los ERE de TVE, Coca-Cola e Indra, coincide con el despacho Baker&Mckenzie en que no hay que escatimar recursos para montar un despido colectivo que aguante la lupa de los tribunales.
Viven del despido masivo. Y estos últimos años no les ha faltado trabajo. Todo lo contrario. Los grandes consultores, las cabezas pensantes de los principales ERE en España, reflexionan sobre los errores cometidos en los últimos meses y se prometen a sí mismos mejorar la técnica. La idea es tener éxito con las próximas empresas que se planteen mandar al paro grupos de trabajadores.
La técnica del despido masivo limpio no es fácil y así lo quieren transmitir a los directivos de las empresas españolas. Elaborar y justificar un expediente de regulación de empleo ante los tribunales es una labor complicada, más aún después de del revés en tribunales de los despidos de Coca-Cola y de los recortes salariales de Fnac.
"Defender un proceso de este tipo ante un tribunal es muy complicado. Los directores de recursos humanos deben conocer cuántos tienen dentro y cuántos tienen fuera. Tienen que saber la falsa laboralidad, el número de becarios, la composición sindical... Y que te digan cuántos delegados sindicales hay".
"Es un error no tener comprobado cuántos comités hay, con qué secciones hay que negociar", explica Jaime Gayarre, diseñador del ERE de Coca-Cola y socio de Sagardoy, ante una veintena de directores de recursos humanos, en una jornada organizada por la asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos.
Los cambios de la reforma laboral
La reforma laboral del Partido Popular, en la que se ha sustentado buena parte de los despidos colectivos, ha ocasionado una fuerte inseguridad jurídica, según explican los asesores de los grandes ERE. Los despidos masivos han terminado en manos de los jueces de lo social que, ante la duda, deben fallar a favor del trabajador.
El ideólogo del ERE de Coca-Cola reconoce que no sólo ha perdido ese caso sino "muchos otros". Pero los malos resultados, lejos de disminuirlo, lo han hecho más valioso. Ha aprendido de los errores y ahora sabe cómo deben actuar las empresas para no perder este tipo de casos en el futuro.
"Un consejo para administración: debe saber qué coste significa perder en los tribunales. Un despido colectivo se puede ejecutar provisionalmente. Además, te montarán una huelga segura y habrá un importante daño reputacional. Todo eso hay que valorarlo", razona Gayarre. Su socio, Íñigo Sagardoy, reconoce las complicaciones de la judicialización de los despidos pero anima a las empresas a aplicar "la reforma laboral sin temor". Y a los sindicatos los invita a negociar.
La justificación
"Tienes que explicarle a la dirección que puedes tener que pagar a los despedidos sin que trabajen. Y como mínimo serán nueve meses pero luego tienes que pagar hasta año y medio. Te pueden obligar a readmitir y si no puedes, hay que pagar despido improcedente, más salarios de tramitación, más lo que decida el juez", explica Gayarre.
Pero todos los despidos, advierten los pensantes de los ERE, deben estar muy bien justificados. "En general la reforma estaba bien construida. El problema es que hay jueces que la aplican. Cuando la norma no es clara, queda la potestad del juez", explica ante el mismo auditorio David Díaz, socio director del área laboral de Baker&Mckenzie.
Malas justificaciones
Díaz advierte a las empresas que pretenden recortar o despedir de que deben echar un vistazo a las últimas experiencias como la de Cortefiel, cuya modificación de las comisiones ha sido anulada por los tribunales, algo similar a lo que ocurrió en Sanitas y Carrefour en 2013.
También recomienda elaborar un buen informe. "No hay que ser cicateros ni hay que dejar de poner recursos para que el informe sea bueno. Los autores técnicos tienen que ratificarlo en un juicio. Ahorrarse 4.000 euros en esto es un error". La medida de Fnac, la reducción de seguros médicos y los variables, se declaró nula porque "no se ha podido probar".
"El perito no aportó documentos sobre los que basaba su pericia", explica el experto del despacho de abogados contratado por el PP para la defensa en el caso Bárcenas.
