Vigilan las redes sociales para evitar las protestas
El gobierno pretende que la organización de manifestaciones a través de esa vía sea considerada como un “delito penal”.
MADRID.- En medio de la crisis más profunda desde el retorno a la democracia, con un ajuste rechazado por todos los sectores sociales de España, el gobierno anunció ayer su intención de controlar parcialmente las redes sociales al convertir en delito penal cualquier convocatoria de protestas a través de estas vías.
Con esta polémica iniciativa, el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) podrá perseguir a los movimientos sociales y mantener bajo prisión preventiva a manifestantes, como ocurrió con algunos jóvenes arrestados en Barcelona durante la huelga general, a los que la justicia mantiene en prisión. Tras los incidentes de Barcelona durante la huelga del 29 de marzo, Mariano Rajoy y el ejecutivo regional de Cataluña acordaron impulsar una reforma legal para endurecer la penalización de los actos que califican como “guerrilla urbana” a cargo de “grupos radicales antisistema”.
El ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, anticipó ante el Congreso de los Diputados algunas de las novedades de la reforma, entre las que figura como “delito de integración en organización criminal” las acciones cuya finalidad sea alterar “gravemente el orden público”. Fernández Díaz, quien no llegó a leer parte de su intervención, amplió ante los periodistas que también serán delito los actos de que “se concierten a través de los medios que sean, internet o redes sociales, para actuar de forma coordinada para alterar el orden público y provocar desorden con técnicas de guerrilla urbana”.
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