Derechos Sexuales y Reproductivos
para Todas, todas, ¡todas!
Informe elaborado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.
“Los derechos sexuales y los derechos reproductivos no están garantizados, en la práctica, para todas las mujeres. Diversos son los motivos: la ausencia de normativa que lo garantice, limitaciones en la legislación existente en algún aspecto, una aplicación restrictiva de las normas, ausencia de recursos para implementarlas, u obstáculos sociales”
Esta es una de las conclusiones del estudio sobre los derechos sexuales y reproductivos, realizado por la Coordinadora estatal de organizaciones feministas. La coordinadora, entidad que agrupa a organizaciones de varias Comunidades Autónomas ha recabado y contrastado datos en varias Comunidades Autónomas, permitiendo aportar informaciones actualizadas y cercanas a las prácticas habituales.
El estudio aborda seis áreas temáticas: la educación sexual, la anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo, la reproducción asistida, la violencia sexual, las identidades no normativas y la respuesta del sistema sanitario en lo relativo a la salud sexual y reproductiva. En cada uno de ellos se aborda la consideración social de este derecho, la normativa existente (a noviembre de 2016), las prácticas sociales, y los recursos y servicios existentes.
También se plantean algunas conclusiones relevantes y algunas exigencias que nos parecen centrales para garantizar dichos derechos a todas las mujeres. Todo ello se presentará a los diversos grupos parlamentarios, a fin de garantizar su compromiso para que en esta legislatura se logre el reconocimiento real de estos derechos.
Algunos de los aspectos que señala el informe:
Educación sexual
La ausencia de la educación sexual en la ley educativa en vigor.
Por lo que se debe garantizar este derecho en un curriculum obligatorio, según los distintos niveles educativos y que recoja los contenidos que se aborden de forma integral, recogiendo aspectos fisiológicos y afectivo-emocionales.
Anticoncepción
La falta de financiación de numerosos métodos anticonceptivos, lo que obliga a las mujeres a costearlos.
Por lo que se debe garantizar que todas las mujeres que lo necesitan y desean puedan acceder a todos los métodos anticonceptivos, lo que supone que estén incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud
Aborto
Debe ser una prestación normalizada en el sistema nacional de salud, atendiendo, en los centros públicos la demanda de IVE para todas las mujeres (independientemente de su edad, estado civil y situación administrativa)
Las mujeres de 16 y 17 años planteamos la derogación de la reforma del PP y la revisión de la ley de autonomía del paciente.
Reproducción Asistida
La reproducción asistida no está garantizada para todas las mujeres.
Garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en el sistema sanitario público, para todas las mujeres, sin sufrir tratos discriminatorios por el estado civil y la opción sexual adecuando los protocolos médicos a la diversidad de familias, revisando las normas y procedimientos que no toman en cuenta a las parejas LGTBI para la reproducción asistida.
Identidades no normativas
De dieciocho Comunidades Autónomas, diez ya tienen una Ley que regula la situación jurídica de las personas transexuales.
Pero la aplicación de estas leyes va lenta, incluso inexistente en algunas comunidades autónomas. Las actuales leyes plantean importantes problemas, sobre todo en su aplicación que se hace depender del criterio de cada profesional; no se ha iniciado la formación de profesionales ni se han dotado los centros de proximidad, manteniéndose una visión dominante patologizante.
Violencia sexual
Durante varios años la violencia sexual ha estado ausente, no en la vida de las mujeres, pero si en la agenda pública. Tanto es así que la denuncia de las violaciones y el seguimiento sobre la atención y recursos para las mujeres que han sido violadas han desaparecido de la agenda y debate público, mientras que el acoso sexual ha quedado circunscrito a los medios sindicales.
Es necesaria una revisión de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género que incluya las agresiones sexuales y la trata con fines de explotación sexual; que garantice la asistencia y reparación de todas las mujeres que lo requieren independientemente de su situación administrativa, sin que la denuncia sea un prerrequisito para el acceso a los recursos y que vaya acompañada de políticas de equidad en todos los ámbitos.
Incluir en la cartera de servicios sanitarios los centros de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, y garantizar su atención en todos los hospitales, sin necesidad de interponer denuncia para la asistencia forense, evaluando y actualizando los protocolos específicos de Agresiones Sexuales.
Atención en salud sexual y reproductiva
Existe una gran disparidad en cuanto a la atención a la salud sexual y a la salud reproductiva según las CC.AA. y según los Centros sanitarios de una misma ciudad. Esto determina que la cobertura a las mujeres no sea la óptima, generando la exclusión de algunos colectivos.
Consideramos que la salud sexual y reproductiva es un derecho universal, y se debe garantizar en todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad para todas las mujeres.
Coordinadora estatal de organizaciones feministas
coordinadora@feministas.org
Tfno: 91-3081233
www.feministas.org
El estudio, realizado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, ha contado con el apoyo de “Calala” Fondo de Mujeres.
